La polémica alrededor del llamado “zar del contrabando” en Colombia, Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, volvió a escalar en el debate público tras la revelación de un contrato firmado en 2020 con la firma del abogado Abelardo De la Espriella. El documento, difundido recientemente en redes sociales, generó cuestionamientos sobre la naturaleza de ese vínculo y obligó al bufete a pronunciarse.
Según información confirmada por la propia firma, sí existió una relación contractual con Marín en marzo de 2020, en el marco de la prestación de servicios jurídicos. Sin embargo, el despacho insistió en que se trató de un procedimiento legal ordinario, enfocado en verificar la situación judicial del cliente en ese momento.
¿En qué consistía el contrato?
El contrato contemplaba que abogados del bufete actuaran como apoderados de Marín para presentar derechos de petición ante la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). El objetivo era establecer si existían investigaciones, denuncias o informes de inteligencia en su contra, especialmente relacionados con presuntas amenazas a funcionarios de esa entidad.
De acuerdo con las explicaciones entregadas:
- Se realizaron consultas formales a autoridades.
- Se buscaba confirmar si había procesos penales o administrativos abiertos.
- Todo se desarrolló dentro del marco legal del ejercicio de la defensa.
La defensa del bufete
Desde la firma de De la Espriella fueron enfáticos en señalar que, para el momento en que se firmó el contrato, Marín no tenía imputaciones ni procesos activos conocidos por las autoridades.
“En ese momento todas las respuestas fueron negativas. Él no estaba imputado”, indicó una fuente del bufete.
Asimismo, recalcaron que representar clientes que buscan aclarar su situación jurídica es una práctica común dentro del ejercicio profesional del derecho, y que esto no implica avalar conductas ilegales.
Incluso, varios penalistas han salido en defensa de este tipo de actuaciones, señalando que hacen parte del derecho fundamental a la defensa y no deberían ser objeto de estigmatización.
Contexto: el escándalo de ‘Papá Pitufo’
El nombre de Diego Marín ha cobrado relevancia nacional en medio de investigaciones que lo señalan como uno de los principales articuladores de redes de contrabando en Colombia. Su caso ha salpicado distintos sectores, incluyendo la política, luego de revelarse contactos con figuras cercanas al Gobierno y presuntos intentos de influir en campañas.
En ese contexto, la aparición del contrato de 2020 generó nuevas dudas sobre las relaciones que el empresario pudo haber tejido en diferentes ámbitos, aunque la firma jurídica insiste en que su actuación fue limitada y transparente.
Un debate más amplio
Este episodio abre nuevamente el debate sobre:
- El papel de los abogados en la representación de clientes controvertidos.
- Los límites entre la defensa técnica y la percepción pública.
- La instrumentalización política de relaciones jurídicas pasadas.
Por ahora, no hay indicios de irregularidad en la actuación de la firma, pero el caso sigue alimentando la controversia en medio de un clima político tenso en el país.
Datos clave
- Año del contrato: 2020
- Tipo de servicio: representación legal y derechos de petición
- Estado de Marín en ese momento: sin imputaciones conocidas
- Motivo de la polémica: contexto actual del caso ‘Papá Pitufo’
