Reclamos estallan por contaminación y ausencia del gobernador.
La tensión explotó nuevamente en zona rural tras una reunión que dejó más dudas que soluciones. El pasado 19 de marzo, en la vereda Horizontes, se vivió un encuentro que hoy tiene a la comunidad en pie de lucha, señalando directamente a la Gobernación por lo que consideran abandono, promesas incumplidas y decisiones que favorecen intereses privados por encima del bienestar colectivo. El conflicto gira en torno a los afloramientos de hidrocarburos y gas que, desde hace más de una década, vienen afectando cultivos, fuentes hídricas y la vida diaria de familias campesinas. Lo que parecía ser una reunión clave terminó desatando indignación. Líderes comunitarios calificaron el espacio como una mezcla de “buenos, malos y feos resultados”, dejando en evidencia la fractura entre autoridades, empresa y habitantes. Uno de los puntos que más molestia generó fue la ausencia del gobernador, quien, pese a estar anunciado, no asistió. En su lugar, envió un mensaje de audio que fue interpretado como distante y poco comprometido. Sus declaraciones, además, encendieron la polémica al asegurar que no existiría relación entre la explotación de gas y los afloramientos, basándose en información que, según la comunidad, no ha sido sustentada con estudios claros. Mientras tanto, la empresa petrolera puso sobre la mesa una propuesta que ha dividido opiniones: destinar el 70 % de sus utilidades a un fondo de compensación ambiental, pero solo si se reactivan operaciones en la zona. Para muchos habitantes, esto suena más a presión que a solución. “No hay garantías reales”, aseguran, insistiendo en que cualquier acuerdo debe ser vigilado por entidades como la Defensoría del Pueblo y otras autoridades nacionales. A esto se suman promesas oficiales que no convencen. Anuncios sobre maquinaria, vías y acueductos fueron recibidos con escepticismo, especialmente cuando la comunidad afirma que lo ofrecido no corresponde a soluciones estructurales sino a medidas temporales que no atacan el problema de fondo.
La situación se agrava con antecedentes técnicos que contradicen versiones oficiales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ya había señalado que los afloramientos no serían naturales, lo que refuerza la desconfianza frente a las recientes afirmaciones del gobierno departamental. Además, tras casi dos años de estudios, aún no hay conclusiones definitivas del Servicio Geológico, lo que mantiene la incertidumbre. El malestar crece porque, mientras las instituciones piden levantar protestas, los campesinos sienten que siguen sin respuestas concretas. Denuncian afectaciones económicas, pérdida de productividad y riesgos ambientales que no han sido atendidos con la urgencia que merece la situación.
Con una nueva mesa de diálogo programada, la comunidad advierte que no cederá fácilmente. Exigen soluciones reales, presencia institucional y decisiones que prioricen la vida y el territorio. El conflicto no solo sigue abierto, sino que ahora arde con más fuerza, alimentado por la desconfianza y el cansancio de quienes sienten que, una vez más, los dejaron solos.
