Alertas ignoradas y conectividad ficticia: las grietas en el control de la JEP sobre los comparecientes de alto perfil.
El caso de Kendry Téllez Álvarez pone bajo la lupa pública y política los mecanismos de seguimiento y verificación de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los comparecientes que gozan de libertad condicionada. A pesar de tener un extenso prontuario delictivo y condenas vigentes por delitos atroces como secuestro extorsivo, que sumaban décadas de prisión ordinaria, «Yako» accedió a los beneficios del sistema transicional en 2022 tras su desmovilización. Sin embargo, las alertas sobre su comportamiento y cumplimiento de compromisos no fueron atendidas con la debida rigurosidad: desde marzo de ese mismo año ya existían registros de dificultades para ubicarlo y garantizar su comparecencia ante la magistratura de la JEP.
Llama poderosamente la atención que, apenas un mes después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, la defensa de Téllez insistiera ante el Tribunal para la Paz que su cliente seguía activo y comprometido en el proceso de reincorporación. Se reportaba falsamente que trabajaba en un proyecto avícola en Cundinamarca, mientras que la realidad operativa de la Fiscalía y los testimonios judiciales lo ubicaban en reuniones de alto nivel con jefes de la Segunda Marquetalia en la frontera colombo-venezolana. Esta desconexión abismal entre la información administrativa del sistema y la realidad operativa de los comparecientes ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la capacidad real de la JEP para monitorear a los reincidentes y garantizar la seguridad nacional.
Cada vez que una funcionaria del despacho judicial intentaba localizar telefónicamente a Téllez Álvarez para verificar su paradero o citarlo a una audiencia, su familia o su abogado defensor alegaban sistemáticamente que se encontraba en zonas rurales con «pésima o nula señal telefónica», una excusa que se mantuvo vigente incluso semanas después de consumado el magnicidio en Bogotá. Esta falta de controles presenciales obligatorios o de mecanismos de geolocalización facilitó que «Yako» utilizara la «zona gris» de la supuesta desconectividad rural para ocultar sus constantes desplazamientos a Venezuela, su rearme y la coordinación de un crimen de alto impacto sin levantar sospechas inmediatas dentro del sistema transicional.
El desenlace de este incidente de incumplimiento será determinante para el futuro y la legitimidad de la justicia transicional en Colombia. Si la JEP decide no expulsar a «Yako» de manera inmediata tras la orden de captura emitida por la Fiscalía y las evidencias contundentes de su reincidencia en el magnicidio, el sistema se enfrentaría a una crisis de credibilidad sin precedentes ante las víctimas y la opinión pública. El Tribunal para la Paz se enfrenta al reto histórico de demostrar que posee la firmeza necesaria para separar a los verdaderos comprometidos con la reconciliación de aquellos que, como Kendry Téllez, han utilizado el Acuerdo de Paz como una patente de corso para el rearme y el magnicidio desde la clandestinidad.
