El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja le cerró la puerta a las maniobras jurídicas del Municipio de Puerto Boyacá dentro del proceso 2018-00065, dejando claro que no había nada que aclarar, ni mucho menos corregir. En una decisión del 20 de marzo de 2026, el despacho rechazó las solicitudes de aclaración y adición presentadas por el apoderado del municipio, clasificándolas como improcedentes. El juzgado fue directo: no existen vacíos, ni errores, ni ambigüedades en lo ya decidido en noviembre de 2025. Pero el golpe más fuerte vino después. El intento del municipio de tumbar lo actuado desde mayo de 2025, alegando supuestas irregularidades en las pruebas, también fue desmontado. El juez concluyó que el proceso ha sido legal, ordenado y sin vulneraciones, desmontando así el argumento central de la defensa. Más allá del rechazo, el despacho encendió las alarmas: advirtió una posible estrategia dilatoria por parte del apoderado del municipio. Por eso, ordenó enviar copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá para que investigue si hubo conductas indebidas. En otras palabras, no solo se cayeron los recursos, sino que ahora el foco también está sobre quien los promovió.
Con esta decisión en firme, el proceso sigue su curso sin cambios y con un mensaje claro: la justicia no encontró fallas, pero sí indicios de retrasos injustificados que ahora deberán ser explicados.
