La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha atribuido responsabilidad a ocho comparecientes de la Fuerza Pública por crímenes cometidos contra Pueblos Étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en Nariño, específicamente en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 2001 y 2012.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de patrones macrocriminales sistemáticos, que afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los Pueblos Indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas.
La JEP identificó tres patrones macrocriminales: estigmatización y violencia contra líderes, lideresas y comunidades; asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate; y control militar del territorio con graves afectaciones comunitarias.
Además, la Sala encontró que las fumigaciones aéreas con glifosato fueron indiscriminadas, se hicieron sin consulta previa y generaron graves afectaciones a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y al Territorio.
Los imputados hicieron parte del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 ”General José María Cabal” y del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”, del Ejército Nacional.Esta decisión concluye la etapa de investigación del Caso y continúa la fase de reconocimiento y juicio.
