El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a poner sobre la mesa una de las tesis más polémicas en torno al proceso de paz con las FARC: el supuesto “entrampamiento” contra exlíderes guerrilleros como Iván Márquez y Jesús Santrich, que —según su versión— habría sido orquestado por agentes de la DEA y por el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.
La reaparición de esta hipótesis revive un debate político, judicial e internacional que lleva varios años sin resolverse de forma concluyente y que sigue dividiendo a sectores del país.
El origen de la polémica
El caso se remonta a 2018, cuando Jesús Santrich fue capturado tras una investigación por narcotráfico basada en pruebas obtenidas en cooperación con la DEA. En ese momento, Estados Unidos solicitó su extradición, lo que generó una crisis dentro del proceso de paz firmado en 2016.
Desde entonces, sectores políticos —incluido Petro cuando era senador— han sostenido que el operativo fue un “montaje” para implicar a excombatientes en delitos posteriores a la firma del acuerdo. En el Congreso, Petro junto con otros líderes como Iván Cepeda presentaron supuestas evidencias de ese entrampamiento, señalando directamente a la Fiscalía de la época.
La tesis apunta a que agentes infiltrados habrían inducido a los exguerrilleros a participar en un negocio de droga con el fin de capturarlos y justificar su extradición.
La postura de Petro
Ya como presidente, Petro ha reiterado esta versión en distintos escenarios, afirmando que tanto Márquez como Santrich fueron víctimas de una trampa que afectó directamente la implementación del acuerdo de paz.
Incluso ha llegado a señalar que estas acciones influyeron en la decisión de varios excomandantes de retomar las armas, lo que dio origen a la disidencia conocida como la “Segunda Marquetalia”.
Según esta narrativa, el supuesto entrampamiento no solo habría tenido consecuencias judiciales, sino también políticas y de seguridad, al debilitar la confianza en el Estado por parte de excombatientes.
Las versiones en contra
Sin embargo, la tesis del entrampamiento ha sido ampliamente cuestionada por instituciones judiciales y por el propio exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha negado categóricamente cualquier irregularidad.
Martínez ha sostenido que no existió tal montaje y ha defendido la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía, afirmando incluso que informes internacionales habrían desmentido esa versión.
Además, la justicia colombiana y autoridades estadounidenses han respaldado la investigación que llevó a la captura de Santrich, lo que refuerza la postura de que sí existían indicios de un delito real.
La Comisión de la Verdad y el debate abierto
El informe de la Comisión de la Verdad agregó un nuevo elemento al debate al incluir la hipótesis del entrampamiento como una posibilidad dentro del contexto del conflicto, señalando que Santrich pudo haber sido víctima de una operación irregular.
No obstante, esta conclusión también fue controvertida y rechazada por sectores que consideran que legitima versiones sin suficiente respaldo judicial.
Impacto en la “paz total”
La insistencia del Gobierno en esta teoría se conecta con su política de “paz total”, que busca reabrir diálogos con distintos grupos armados. Para el Ejecutivo, reconocer posibles errores del pasado es clave para generar confianza.
Sin embargo, críticos advierten que reabrir este debate podría afectar la credibilidad institucional y reavivar tensiones con organismos internacionales como la DEA.
Un debate sin cierre
A día de hoy, el caso sigue sin una verdad plenamente aceptada. Mientras el Gobierno insiste en que hubo una trampa que alteró el rumbo del proceso de paz, sus detractores sostienen que se trata de una narrativa política sin sustento judicial definitivo.
Lo cierto es que el tema continúa siendo un punto sensible en la historia reciente de Colombia, con implicaciones profundas en justicia, política y seguridad.
