El programa mantiene la atención, pero con pago parcial por parte de usuarios
La capital del departamento atraviesa un momento de ajustes en su política de bienestar animal, luego de que la administración municipal confirmara que no cuenta con los recursos suficientes para implementar un programa de esterilización gratuita de mascotas durante este año. La información fue presentada ante el Concejo Municipal por la Secretaría de Medio Ambiente, generando inquietudes entre concejales y ciudadanía interesada en el control poblacional de perros y gatos.Cristina Isabel Gómez Moreno, líder de esta dependencia, explicó que la administración proyecta destinar cerca de 300 millones de pesos provenientes del superávit, pero estos recursos estarían enfocados exclusivamente en la ejecución de jornadas de esterilización a bajo costo. Según detalló, la meta es que, una vez se completen los trámites administrativos y contractuales correspondientes, el servicio pueda comenzar a operar hacia el mes de junio mediante convenios con entidades aliadas.
Durante la sesión, uno de los puntos que más generó debate fue el costo actual de los procedimientos. El concejal Juan Escobar cuestionó las tarifas establecidas en el convenio vigente con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, señalando que los valores ($337.000 para hembras y $246.000 para machos) resultan elevados frente a otras ofertas de bajo costo en el mercado. El cabildante aseguró que estos precios podrían estar triplicando el valor promedio, por lo que solicitó una revisión detallada del contrato y su ejecución.
Frente a estas críticas, la secretaría aclaró que las tarifas incluyen no solo la cirugía, sino también una serie de servicios médicos previos y complementarios. Entre ellos se encuentran los exámenes clínicos, cuyo costo particular estimó en alrededor de 150.000 pesos, además de la anestesia, el uso de quirófano y la intervención profesional. Asimismo, explicó que, de acuerdo con la normativa vigente para convenios de asociación, la entidad aliada debe aportar el 30 % de los recursos en efectivo, requisito que en este caso es asumido por la fundación.
La administración municipal defendió que los costos están respaldados por un estudio de mercado que tuvo en cuenta tanto tarifas de servicios particulares como antecedentes de contratación pública en otras entidades. Finalmente, Gómez Moreno reiteró que el proceso es transparente y que toda la información puede ser consultada por la ciudadanía a través de la plataforma SECOP, donde reposan los detalles de la contratación.
