El escándalo por el presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los mayores casos de corrupción en Colombia en los últimos años y en la investigación judicial más delicada que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro. El caso, que salió a la luz en 2024, ya deja siete personas en la cárcel, dos prófugos de la justicia y al menos siete implicados que avanzan hacia juicio, además de decenas de funcionarios, congresistas y exministros bajo investigación.
La trama gira alrededor del desvío de recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres naturales, especialmente mediante contratos irregulares dentro de la UNGRD, una entidad estatal encargada de coordinar la prevención y atención de catástrofes en el país.
El origen del escándalo: los carrotanques para La Guajira
La investigación comenzó cuando se reveló que la UNGRD había comprado 40 carrotanques para llevar agua a comunidades de La Guajira, una región afectada por sequías. Sin embargo, los vehículos presentaban irregularidades: varios no funcionaban y el proceso de contratación mostraba precios inflados y posibles direccionamientos de contratos.
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, la compra habría costado más de 46.800 millones de pesos, y parte de esos recursos habrían sido desviados para pagar sobornos a políticos a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas del Gobierno.
Las revelaciones se profundizaron cuando el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, decidió colaborar con la justicia y confesó el funcionamiento del esquema de corrupción. Su testimonio implicó a otros altos funcionarios y dirigentes políticos.
Los protagonistas del caso
Entre los principales señalados aparecen los antiguos responsables de la entidad:
- Olmedo López, quien dirigía la entidad cuando se firmaron varios contratos cuestionados.
- Sneyder Pinilla, señalado como ejecutor de pagos ilegales y ya condenado a prisión tras aceptar cargos.
Pinilla fue el primer condenado del caso, recibiendo una pena de cinco años y ocho meses de prisión, luego de reconocer delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado.
A cambio de beneficios judiciales, el exfuncionario entregó información que llevó a la Fiscalía y a la Corte Suprema a investigar a congresistas, ministros y altos funcionarios cercanos al gobierno.
Congresistas y exfuncionarios implicados
Las declaraciones de los implicados destaparon una red que presuntamente involucró a figuras del Congreso. Según las investigaciones, parte del dinero desviado habría servido para asegurar votos a favor de proyectos del Gobierno en el Legislativo.
Entre los legisladores que han quedado en la mira están:
- Wadith Manzur
- Karen Manrique
La Corte Suprema ordenó su captura y envío a prisión dentro de la investigación por el esquema de corrupción, señalando que habrían participado en un sistema de intercambio de contratos por apoyo político.
También se investiga a otros congresistas y exfuncionarios del Ejecutivo, incluidos exministros y asesores presidenciales.
Dos prófugos y nuevas órdenes de captura
Uno de los nombres más relevantes del caso es el de Carlos Ramón González, antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
La justicia colombiana ordenó su captura por delitos como peculado, cohecho y lavado de activos dentro del esquema de corrupción, pero actualmente se encuentra prófugo, lo que ha incrementado la presión política sobre el Gobierno.
Las autoridades también han solicitado capturas y llamado a juicio a varios implicados adicionales, ampliando el alcance del escándalo.
Siete en la cárcel, dos prófugos y siete en juicio
Con los avances judiciales más recientes, el balance del proceso es contundente:
- Siete personas privadas de la libertad, entre exfuncionarios y políticos.
- Dos prófugos de la justicia, incluidos altos exfuncionarios del gobierno.
- Siete implicados llamados a juicio, entre congresistas y exservidores públicos.
Además, la Fiscalía y la Corte Suprema continúan analizando pruebas que podrían involucrar a más de una decena de funcionarios y dirigentes políticos.
Impacto político en el gobierno Petro
El escándalo ha golpeado fuertemente la agenda del presidente Gustavo Petro, quien llegó al poder con un discurso de lucha frontal contra la corrupción.
El mandatario ha defendido que su administración fue la que permitió que el caso saliera a la luz y ha insistido en que las prácticas de corrupción denunciadas no comenzaron durante su gobierno, sino que responden a estructuras políticas históricas en el país.
Sin embargo, el hecho de que varios de los investigados hayan ocupado cargos en su administración ha generado críticas de la oposición y ha debilitado el capital político del Ejecutivo en el Congreso.
Un caso que aún está lejos de terminar
A más de un año de haber estallado, el caso de la UNGRD sigue expandiéndose. Las declaraciones de los implicados y las investigaciones judiciales han revelado una compleja red de corrupción que mezcla contratos públicos, presuntos sobornos y negociaciones políticas.
La Fiscalía y la Corte Suprema continúan recopilando pruebas y no se descarta que nuevas capturas, imputaciones y juicios amplíen el escándalo, que ya es considerado uno de los mayores casos de corrupción de la era Petro.
