El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y el sector financiero del país firmaron un acuerdo para implementar medidas de alivio económico dirigidas a más de 200.000 personas afectadas por las inundaciones y la emergencia climática provocada por un frente frío en el norte del país. La iniciativa busca apoyar a familias y productores de ocho departamentos: Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, La Guajira, Cesar, Magdalena y Chocó, que han sufrido graves impactos por las lluvias y desbordamientos.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, junto con Jonathan Malagón y César Ferrari. En el proceso también participaron representantes de entidades bancarias como BBVA, Bancolombia, Davivienda y Banco Caja Social. Según el ministro, algunas reuniones contaron con la presencia del presidente Gustavo Petro, lo que facilitó alcanzar un consenso para implementar las medidas.
El pacto se basa en dos objetivos principales. El primero es ofrecer alivios financieros inmediatos a las personas afectadas que estén registradas en el Registro Único de Damnificados. Entre las medidas acordadas se encuentran la suspensión de cobros jurídicos y prejurídicos por incumplimiento de créditos, períodos de gracia de hasta 12 meses para el pago de obligaciones financieras, eliminación de intereses moratorios y la garantía de que la calificación crediticia de los deudores no se vea perjudicada por la situación de emergencia.
El segundo objetivo del acuerdo es impulsar la reactivación económica de las zonas afectadas una vez se supere la fase más crítica de la emergencia. Para ello, se pondrán en marcha créditos productivos dirigidos a pequeños productores rurales y también a unidades productivas urbanas que hayan sufrido pérdidas por las inundaciones. Estos créditos contarán con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, que cubrirá hasta el 90 % del riesgo, lo que permitirá reducir las tasas de interés y facilitar el acceso al financiamiento.
Uno de los cambios más significativos dentro de este acuerdo es la decisión del Gobierno de abandonar el esquema de inversiones forzosas, un mecanismo que durante más de 60 años obligaba a canalizar recursos hacia el sector agropecuario a través del Finagro. En su lugar, el Gobierno implementará un modelo de intervención financiera directa enfocado en las regiones más afectadas por la emergencia climática, ampliando además el apoyo a pequeñas actividades productivas en zonas urbanas.
El ministro Ávila advirtió que la emergencia climática aún no ha terminado. Explicó que la primera fase de las afectaciones se concentró en la cuenca del Alto Sinú y en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero señaló que el fenómeno podría extenderse debido a que el frente frío coincide con el inicio de la temporada de lluvias en varias regiones del país.
Además, el Ministerio de Hacienda prepara nuevos decretos dentro del marco de la emergencia económica para reforzar estas medidas y complementarlas con otras acciones impulsadas por el Ministerio de Agricultura. El plan también contempla estrategias de divulgación para garantizar que las comunidades afectadas conozcan y puedan acceder a los beneficios financieros disponibles.
En conjunto, estas medidas buscan ofrecer un alivio inmediato a las familias damnificadas y al mismo tiempo facilitar la recuperación económica de las regiones afectadas, permitiendo que hogares, agricultores y pequeños negocios puedan estabilizar sus finanzas y retomar sus actividades productivas tras la emergencia climática.
