Un caso de vandalismo se registró en la localidad de BOSA el 11 de marzo, luego de que una propietaria denunciara graves daños en su vivienda arrendada. La afectada, identificada como RUBI CONTRERAS, aseguró que los inquilinos destruyeron la propiedad tras varios meses sin pagar el canon de arrendamiento.

Según el relato de la propietaria, la situación se volvió crítica cuando inició el proceso para recuperar el inmueble debido al incumplimiento en los pagos. Al conocer que debían abandonar la vivienda, los arrendatarios habrían reaccionado con actos de furia que terminaron afectando gran parte de la estructura y los acabados del lugar.

La denunciante explicó que durante varios meses intentó llegar a un acuerdo con los ocupantes para solucionar la deuda. Sin embargo, los intentos de diálogo no dieron resultados y el conflicto terminó escalando hasta provocar daños significativos dentro de la propiedad.

Daños causados

De acuerdo con la información entregada por RUBI CONTRERAS, los inquilinos dañaron varios elementos esenciales de la vivienda antes de retirarse. Entre los daños reportados se encuentran vidrios rotos, puertas destruidas y afectaciones en diferentes acabados del inmueble.

Las imágenes del lugar muestran espacios deteriorados y estructuras golpeadas que requerirán reparaciones importantes. La propietaria afirmó que las pérdidas económicas serían considerables, ya que deberá invertir recursos para recuperar las condiciones originales de la casa.

Además de los daños materiales, la mujer aseguró que durante el conflicto también recibió amenazas por parte de los arrendatarios. Esta situación aumentó su preocupación y la llevó a buscar apoyo de las autoridades para proteger su integridad y formalizar la denuncia correspondiente.

Reclamo legal

Tras lo ocurrido, la afectada manifestó su intención de acudir a las autoridades para iniciar acciones legales contra los responsables de los daños. El objetivo del proceso sería lograr que respondan por las pérdidas ocasionadas en la vivienda.

El caso también volvió a abrir el debate sobre las dificultades que enfrentan muchos propietarios cuando los inquilinos dejan de pagar el arriendo o se niegan a desalojar los inmuebles. En varios casos, los procesos judiciales pueden tardar meses o incluso años antes de resolverse.

Para RUBI CONTRERAS, lo ocurrido evidencia la vulnerabilidad en la que pueden quedar los dueños de viviendas arrendadas. La mujer espera que su denuncia permita avanzar en las investigaciones y que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan en otros sectores de la ciudad.