Los ministerios de Trabajo y de Vivienda emitieron la Circular Externa Conjunta 0028 de 2026 para frenar los incrementos injustificados en las cuotas de administración de los edificios y conjuntos residenciales en Colombia. El documento aclara que ningún administrador puede aplicar ajustes automáticos basados en el aumento del salario mínimo o en el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este año. Por esta razón, el Gobierno nacional enfatiza que la Ley 675 de 2001 otorga la competencia exclusiva para fijar estos valores a la Asamblea General de Copropietarios. Asimismo, esta medida busca proteger el bolsillo de los residentes ante reportes de alzas desproporcionadas que carecen de un sustento técnico real dentro de la contabilidad de las copropiedades.
Respecto a la autonomía de las asambleas, la circular define que los incrementos deben nacer exclusivamente de un análisis detallado del presupuesto anual de gastos e ingresos de cada conjunto. De igual manera, las carteras ministeriales señalan que amarrar el costo de la administración al salario mínimo constituye un error legal, pues el pago de los copropietarios cubre diversos servicios que no dependen únicamente de la nómina. Por tal motivo, los administradores deben presentar informes financieros transparentes que justifiquen cada peso solicitado para el mantenimiento, la seguridad y la sostenibilidad del inmueble. Además, la normativa invita a los consejos de administración a convocar reuniones informadas donde prime la proporcionalidad y el beneficio común de los habitantes.
La nueva directriz del Gobierno sobre el aumento de cuotas de administración
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Por otra parte, diversas fuentes del sector inmobiliario y reportes verificados en la cuenta oficial de X de @Minvivienda resaltan que las asambleas ordinarias, que suelen ocurrir durante este primer trimestre de 2026, deben acatar estrictamente estas recomendaciones para evitar impugnaciones legales. Diversos portales de noticias de alta reputación informan que la Superintendencia de Notariado y Registro también vigila que los reglamentos de propiedad horizontal no incluyan cláusulas de indexación automática que contravengan la circular conjunta. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo recuerda que, si bien el costo de la seguridad privada y el aseo sube con el mínimo, esto no implica que el total de la cuota deba subir en la misma proporción. Igualmente, los residentes tienen el derecho de exigir alternativas de ahorro y revisiones de contratos antes de aprobar cualquier reajuste significativo.
En cuanto a la transparencia administrativa, el Gobierno nacional sugiere que los conjuntos elaboren proyecciones financieras claras que permitan a los vecinos evaluar las necesidades reales de reparación y mejora. Por consiguiente, la decisión final recae sobre la voluntad de los propietarios, quienes deben votar con base en la realidad económica del edificio y no por expectativas externas de inflación. Por otro lado, la circular alienta a las administraciones a buscar eficiencias operativas que mitiguen el impacto del costo de vida sin sacrificar la calidad de los servicios básicos. De este modo, la propiedad horizontal en Colombia avanza hacia un modelo de gestión más técnico y democrático, donde cada incremento responde a una necesidad comprobada de la infraestructura común.
La nueva directriz del Gobierno sobre el aumento de cuotas de administración
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Mientras los edificios de Bogotá y el resto del país adelantan sus asambleas este marzo, los propietarios deben revisar con lupa las citaciones y los proyectos de presupuesto que envían los administradores. La claridad en la exposición de los motivos de gasto resulta vital para que los copropietarios respalden financieramente a sus comunidades sin sentir que pagan cobros arbitrarios. De igual modo, los expertos sugieren que la participación activa en estas reuniones evita que una minoría decida sobre el patrimonio de todos. Así, la jornada de clarificación gubernamental cierra con un mensaje de autonomía responsable, reafirmando que el orden financiero de los hogares colombianos depende de decisiones colectivas bien fundamentadas y ajustadas a la ley vigente.
