A una semana para la realización de las elecciones para el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes las consultas de los partidos para la Presidencia, la Defensora del Pueblo Iris Marín, denunció en las últimas horas, mediante la Alerta Temprana 005 de 2026 una situación de “extrema gravedad” en los municipios de El Peñol y El Tambo, en el departamento de Nariño.
De acuerdo con las informaciones entregadas por la Defensoría del Pueblo, en las zonas mencionadas, las comunidades enfrentan un riesgo inminente a consecuencia de confrontaciones armadas y la utilización de drones con explosivos en zonas urbanas y rurales.
Una sangrienta disputa
Igualmente, la Defensoría del Pueblo, indicó que la actual situación se debe a dos factores principales. El primero, es la disputa territorial por el control del corredor vial de Guambuyaco, considerada una zona estratégica como ruta para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Al respecto, se indicó que, en la mencionada región, el Frente Franco Benavides, de la disidencia de Iván Mordisco, lleva a cabo en estos momentos, operativos de expansión, los que han dado lugar a permanentes enfrentamientos con Comuneros del Sur, que es una disidencia del Ejército de Liberación Nacional, Eln y el grupo Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
Ataques con drones
El segundo factor, calificado por la Defensoría del Pueblo, como de “extrema gravedad”, es el permanente uso de drones modificados y recargados con explosivos y otros elementos improvisados, los cuales están siendo dirigidos contra estaciones de Policía y sedes municipales, como la Alcaldía de El Peñol.
Se trata de ataques que se vienen presentando desde noviembre del año pasado en los sectores urbanos y centros poblados. Según el reporte de las autoridades, estos hechos han ocasionado grandes daños a los bienes civiles y generado grandes trastornos de seguridad a las poblaciones.
Igualmente se vienen registrando acciones de control social por parte de los grupos alzados en armas, mediante la intimidación. También con la colocación de vallas y banderas, propagación de mensajes por WhatsApp y panfletos y amenazas entre la ciudadanía para que se proceda a la conformación de “guardias campesinas”, para que se enfrenten a la fuerza pública.
Peligro para la población
En su alerta temprana, la Defensoría del Pueblo, dijo que menores de dad está expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones que se vienen presentando en cercanías a escuelas y centros de desarrollo infantil.
La entidad, señaló que también la población indígena presenta un riesgo alto, en especial los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaquinpe). En ese sentido, el informe señala que los líderes indígenas son blanco de amenazas, instrumentalización y llamado a convocatorias obligadas de carácter clandestino con representantes de los grupos ilegales.
La Defensoría del Pueblo, se refirió además a que en áreas rurales, los campesinos están denunciando una grave contaminación de sus territorios, debido a las minas personales, así como prohibiciones a la libre movilidad, puesto que funcionarios y transportadores son blanco de amenazas y ataques directos contra sus oficinas.
TITULO (RECUADRO)
Respuesta urgente
La alerta incluye el casco urbano de El Tambo y corregimientos como San Pedro y El Azogue, así como el casco urbano de El Peñol y sectores como Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, entre otros.
Ante la situación, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, dio a conocer 16 recomendaciones a entidades del orden nacional y territorial. Entre ellas, pidió al Ministerio del Interior, a través de la Ciprat, coordinar una respuesta urgente; al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y de desminado; y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al ICBF fortalecer las medidas de protección para líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.
Asimismo, solicitó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz verificar el cumplimiento de acuerdos sobre desminado y no reclutamiento de menores; a la Gobernación de Nariño destinar recursos y asistencia técnica para proyectos de prevención y a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de estos delicados hechos.
