En un hecho que ha generado amplia reacción ciudadana en el sur de Nariño, un exconcejal y líder social del Municipio de Ipiales, Luis Cárdenas, se encadenó frente a las instalaciones de la Alcaldía de Ipiales como acto de protesta por el incremento en las tarifas del servicio de alumbrado público, alza que desata malestar ciudadano, protesta y presión para su derogatoria.
Situación
Un acto simbólico de protesta se registra frente a la Alcaldía de Ipiales, donde Cárdenas decidió encadenarse para manifestar su inconformidad frente al reciente incremento en la tarifa del servicio de alumbrado público.
La inconformidad ciudadana escaló con la protesta del exconcejal Cárdenas, quien se declaró en huelga de hambre y permanece encadenado exigiendo la derogatoria del acuerdo. Así, con cadenas atadas a su cuerpo, sentado a la intemperie en la Plaza 20 de Julio, sin ingerir alimentos y decidido a mantenerse allí hasta obtener respuestas, el exconcejal Luis Cárdenas inició una huelga de hambre.
La acción busca visibilizar el impacto que, según sectores ciudadanos, está teniendo el ajuste en los bolsillos de familias y comerciantes. Uno de los puntos más cuestionados es que en varias zonas rurales el servicio es limitado o inexistente, pese a lo cual los usuarios deben asumir el cobro al tratarse de un servicio público establecido dentro de la facturación.
Comerciantes locales también han expresado preocupación por el aumento en costos operativos, advirtiendo que la medida podría traducirse en mayores precios al consumidor y en una presión adicional para pequeños y medianos negocios que ya enfrentan dificultades económicas.
Incremento
El incremento fue aprobado mediante acuerdo municipal a finales del año anterior, con respaldo de concejales de la coalición de gobierno del alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja. Aunque algunos cabildantes han reconocido públicamente que la decisión pudo no haber sido la más acertada, jurídicamente revertir el acto administrativo implica un procedimiento complejo.
El debate ahora se centra en la necesidad de revisar el esquema tarifario y evaluar alternativas que equilibren la sostenibilidad financiera del servicio con la capacidad de pago de la comunidad, en un contexto donde el impacto social y económico empieza a sentirse en distintos sectores de la ciudad.
