Al hacer un corte de cuentas de una Alerta Temprana buscando evaluar cómo el Gobierno Nacional ha mitigado los riesgos para garantizar unas elecciones tranquilas y en paz, la Defensora del Pueblo Iris Marín, advirtió que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y que el cumplimiento a las recomendaciones no deja de ser parcial.
Siguen los riesgos
El balance del organismo es tajante: “el escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”.
Detrás de las amenazas se encuentran grupos como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las extintas Farc –particularmente el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y la Segunda Marquetalia–.
En el sur del país
A ellos se suman el grupo Comuneros del Sur, en el departamento de Nariño, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el autodenominado Frente 57 (también disidente), grupos de criminalidad organizada, entre otros.
Si bien la Defensoría emitió recomendaciones, alertó que el índice de respuesta estatal arrojó un cumplimiento bajo y que las acciones se limitaron a respuestas ordinarias. Al agrupar el porcentaje de cumplimiento, se concluye que se alcanza un 42 %, mientras que la desatención a las recomendaciones asciende al 58 %.
