En un fallo de gran trascendencia institucional y económica, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump al considerar que excedió su autoridad constitucional al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para reconfigurar de manera unilateral la política comercial del país.
La decisión, adoptada por una mayoría de 6 votos contra 3, representa un revés significativo para la expansión del poder ejecutivo en materia comercial. El presidente del tribunal, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria, en la que subrayó que la Constitución otorga al Congreso —y no al presidente— la potestad principal sobre impuestos, aranceles y regulación del comercio exterior.
El núcleo del fallo
El tribunal determinó que la IEEPA, diseñada originalmente para enfrentar amenazas extraordinarias y emergencias nacionales de carácter internacional, no puede utilizarse como fundamento legal para imponer aranceles generalizados con fines de política económica estructural. Según la opinión mayoritaria, la ley no autoriza al Ejecutivo a rediseñar el sistema comercial global sin aprobación legislativa.
La sentencia enfatiza que permitir tal interpretación equivaldría a transferir al presidente facultades fiscales que la Constitución reserva expresamente al Poder Legislativo. “La separación de poderes exige límites claros”, sostuvo la mayoría, marcando un precedente clave sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia económica.
Qué aranceles permanecen vigentes
El fallo no elimina todos los aranceles impuestos durante la administración Trump. Aquellos aplicados a sectores específicos como el acero, el aluminio y el cobre continúan vigentes, ya que se fundamentan en otras disposiciones legales, como las relacionadas con seguridad nacional y prácticas comerciales desleales.
Esto significa que, aunque la decisión restringe el uso expansivo de la IEEPA, no anula automáticamente otras herramientas legales que permiten al Ejecutivo aplicar medidas comerciales en circunstancias determinadas.
Impacto político y económico
La resolución podría tener implicaciones de largo alcance tanto para futuras administraciones como para el equilibrio institucional en Estados Unidos. En el plano político, refuerza el papel del Congreso en la definición de la política arancelaria y limita la posibilidad de que el Ejecutivo actúe de forma unilateral bajo argumentos de emergencia económica.
En el ámbito internacional, el fallo podría contribuir a reducir tensiones comerciales con socios estratégicos que habían cuestionado la legalidad de algunos gravámenes impuestos en los últimos años.
Analistas constitucionales consideran que esta decisión reafirma la doctrina de separación de poderes y establece un precedente clave sobre el uso de leyes de emergencia con fines económicos estructurales.
Con este dictamen, la Corte Suprema no solo redefine los límites del poder presidencial en materia comercial, sino que también envía una señal clara sobre la necesidad de control institucional en decisiones que impactan directamente en la economía global.
