🧾 1. Mantener el “salario vital” y el poder adquisitivo
El Ministerio del Trabajo y el Gobierno sostienen que el aumento no es arbitrario, sino que responde a criterios de política social muy por encima del mínimo técnico y tradicional. Argumentan que el ajuste busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más pobres y acercarse hacia el salario mínimo vital, tal como lo exige la Constitución.
👉 En la práctica, aunque con criterios técnicos tradicionales el aumento habría sido menor (alrededor de 13–15%), se incorporó un componente adicional llamado salario vital para cerrar parcialmente la brecha con lo que se considera un ingreso mínimo digno.
📊 2. No hay razones jurídicas o económicas para reducirlo
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que, según su análisis, no existían fundamentos jurídicos ni económicos suficientes para rebajar el incremento de 23,7% en el decreto transitorio firmado para 2026.
Esto fue clave especialmente después de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el primer decreto por falta de explicación técnica, obligando al Gobierno a emitir uno nuevo.
🏛️ 3. Compromiso político y social
El presidente Gustavo Petro reafirmó públicamente —inclusive ante miles de ciudadanos en la Plaza de Bolívar— que no retrocederá en este aumento, buscando reforzar el respaldo social y político al salario vital y al aumento del mínimo.
Este respaldo también se reflejó en la Mesa de Concertación Laboral, donde hubo mayorías a favor de mantener el aumento del 23% en el nuevo decreto transitorio.
📌 Contexto legal y técnico
- El Gobierno incorpora estudios técnicos adicionales —como análisis de productividad laboral, brecha con la canasta básica vital y salario relativo— para justificar el porcentaje ante el Consejo de Estado.
- Reconocen que bajo los criterios técnicos tradicionales el incremento habría sido menor (~13,6%), pero se añadió un componente social para avanzar hacia un salario realmente “vital”.
🧠 En pocas palabras
El aumento del 23% al salario mínimo para 2026 se mantiene porque el Gobierno colombiano argumenta que:
- Protege el poder adquisitivo y reduce la brecha con el salario mínimo vital.
- No existen fundamentos jurídicos ni económicos sólidos para disminuir el alza.
- Hay mayor respaldo social y político para sostenerlo, pese a cuestionamientos empresariales o técnicos.
- Se incorporan criterios técnicos complementarios (no solo inflación/productividad) para justificarlo ante el Consejo de Estado.
