Desde finales de 2022, una serie de contratos estatales ha puesto en el centro del debate público a Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia y esposa del expresidente Gustavo Petro. Las investigaciones periodísticas y judiciales señalan que casi 23.000 millones de pesos fueron destinados, a través del sistema de medios públicos RTVC, a la contratación de servicios vinculados a un maquillador y un fotógrafo, quienes, según denuncias, habrían estado al servicio de Alcocer en sus actividades oficiales y viajes internacionales.
¿Qué contratos están en investigación?
La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar tras conocerse documentos y denuncias que muestran cómo el sistema de medios públicos RTVC contrató —desde septiembre de 2022 hasta el segundo semestre de 2025— una secuencia de acuerdos con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). Esta cooperativa, a su vez, subcontrató a:
- Fady Javier Flórez, maquillador profesional.
- Mauricio Vélez, fotógrafo.
Los contratos más destacados revelan:
- En 2022, los primeros contratos incluyeron uno por más de 1.214 millones de pesos (3 meses) y otros posteriores que, sumados, superaron los 3.130 millones en servicios.
- En 2023, se firmaron contratos que incluyeron simultáneamente a ambos profesionales por 5.549 millones y 1.792 millones, sumando más de 7.341 millones.
- En 2024, un nuevo contrato por 8.000 millones bajo la misma modalidad.
- En el segundo semestre de 2025, el último contrato conocido ascendió a 3.976 millones.
En conjunto, estas cifras rondan los 23.000 millones de pesos, lo que ha generado polémica y cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos públicos para atender servicios personales (aunque RTVC insiste en que era para funciones oficiales ligadas a comunicaciones institucionales).
¿Qué dice la denuncia?
La investigación destaca que los contratos fueron suscritos bajo la figura de administración delegada y vinculación de terceros, lo que implica que RTVC no contrató directamente al maquillador o al fotógrafo, sino que lo hizo a través de la cooperativa Savi. Para críticos como el profesor y experto en crimen financiero Juan Carlos Portilla, este esquema podría haber sido empleado para beneficiar a terceros vinculados al entorno de Alcocer, usando la figura de la ex primera dama como respaldo implícito del contrato.
Portilla ha señalado que la forma en que se adjudicaron estos contratos podría tipificar delitos como estafa, abuso de confianza o corrupción, si se comprueba que hubo direccionamiento o utilidad distinta a la finalidad pública de los recursos.
La posición oficial
Ante la controversia, la Presidencia de la República emitió un comunicado señalando que:
- Los contratos obedecen a necesidades institucionales identificadas por la Secretaría de Comunicaciones y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
- El monto total reportado por RTVC está cerca de 22.500 millones de pesos, un poco menos de lo que indica la denuncia mediática, y corresponde a valores distribuidos entre 2022 y 2026.
Además, en ese comunicado se detallaron asignaciones mensuales de los contratados, con cifras alrededor de 25 millones de pesos para el fotógrafo y 10 millones de pesos para el maquillador, en respeto de las condiciones laborales establecidas.
Contexto y relevancia política
El escándalo se produce en un momento de alta sensibilidad política en Colombia: mientras diferentes sectores llaman a fortalecer la transparencia en el gasto público, otros advierten sobre el impacto reputacional de las figuras públicas cuando se asocian con millonarios contratos estatales, especialmente cuando involucran actividades que parecen vinculadas más a la imagen personal que a funciones estrictamente oficiales.
