Un magistrado del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijó el aumento del salario mínimo y le dio al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo acto administrativo transitorio.
La decisión detuvo los efectos del incremento del 23,78 % mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad del decreto. El despacho judicial exigió que el Ejecutivo ajuste el nuevo documento a los parámetros legales y constitucionales, con base en criterios técnicos como inflación, productividad y comportamiento económico.
Una decisión judicial que genera cuestionamientos económicos
El freno al aumento del salario mínimo genera fuertes cuestionamientos, debido a que durante los últimos meses varios sectores ya aplicaron alzas en servicios esenciales. Tarifas de transporte como TransMilenio en Bogotá, así como servicios públicos y productos de la canasta familiar, subieron por decisiones de operadores privados y administraciones locales que tomaron como referencia el incremento decretado por el Gobierno.
Estas alzas impactaron directamente el costo de vida de millones de ciudadanos, pese a que el Gobierno nacional aseguró en su momento que se oponía a incrementos desproporcionados en bienes y servicios básicos.
El decreto de Petro y el impacto en tarifas y precios
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el pasado 29 de enero un aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, que lo fijó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de subsidio de transporte, para un total de dos millones de pesos.
Aunque el Ejecutivo defendió la medida como un alivio para los trabajadores, sectores económicos y autoridades locales ajustaron tarifas y precios con base en ese aumento. Ahora, con la suspensión provisional, persiste la incertidumbre sobre el impacto real en el bolsillo de los ciudadanos mientras el Gobierno prepara el nuevo decreto exigido por la justicia.
