Habitantes de Tunja y personal asistencial de la E.S.E. Santiago de Tunja denunciaron fallas persistentes en el sistema de información clínica y presuntas irregularidades en las condiciones laborales de trabajadores vinculados mediante la Cooperativa Grupo Empresarial Horizonte.
El abogado Helber Eduardo Alfonso Caro, quien actúa en representación de un grupo de profesionales de consulta externa, radicó un informe ante distintas autoridades en el que advierte que los inconvenientes técnicos y contractuales estarían afectando tanto la prestación del servicio como la estabilidad económica del talento humano.
De acuerdo con el documento, el sistema Dinámica Gerencial, utilizado para el manejo de historias clínicas, presenta fallas desde el 23 de enero de 2026. Entre los problemas reportados se encuentran lentitud en la plataforma, bloqueos frecuentes e interrupciones que dificultan el registro y consulta de la información médica. Según los denunciantes, estas situaciones han generado retrasos en la atención, dificultades para reprogramar citas y sobrecarga laboral para el personal asistencial.
En materia contractual, el informe señala una posible tercerización irregular. Se indica que trabajadores que cumplen funciones misionales permanentes estarían vinculados bajo contratos de obra y labor, pese a desempeñar tareas continuas con horarios definidos y bajo subordinación. Además, se advierte que bajo esta modalidad no se estaría reconociendo el pago de vacaciones.
También se expone una diferencia salarial entre el personal de planta y quienes están vinculados a través de la cooperativa. Según la denuncia, un profesional de planta recibiría 5.500.000 pesos por medio tiempo, mientras que un trabajador contratado por la cooperativa percibiría 2.400.000 pesos por la misma jornada. Incluso quienes laboran tiempo completo bajo la cooperativa devengarían 4.750.000 pesos, cifra inferior al salario del personal de planta por medio tiempo.
El documento agrega que a algunos trabajadores no se les habría cancelado el salario correspondiente a enero de 2026 y que se habrían presentado cambios de sede y traslados sin previo aviso.
Ante estos hechos, se radicaron derechos de petición y quejas formales ante la Alcaldía de Tunja, el Concejo Municipal, el Ministerio del Trabajo, la Personería, la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Salud, con fundamento en normas como la Ley 1751 de 2015 y el Decreto 1072 de 2015.
