La Veeduría por la Verdad y la Justicia hizo un llamado público a garantizar el respeto irrestricto del debido proceso en el marco del proceso que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y advirtió sobre los riesgos de eventuales juicios anticipados en la opinión pública.
La organización subrayó que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia como pilares fundamentales de toda actuación penal. En ese sentido, señaló la necesidad de abrir un debate jurídico sobre el manejo institucional y mediático de la información relacionada con el caso.
Según el vocero de la veeduría, el profesor y abogado Diego Pérez, la preocupación surge a partir de versiones según las cuales el fiscal del caso habría sostenido actuaciones comunicativas selectivas con algunos medios de comunicación. “De confirmarse y persistir este tipo de prácticas, podrían configurarse conductas contrarias a los deberes funcionales previstos en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, lo que eventualmente daría lugar a la apertura de un proceso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, afirmó.
Pérez advirtió que la función investigativa no puede derivar en escenarios de juzgamiento paralelo ni en valoraciones anticipadas por fuera del expediente judicial, pues ello comprometería la legitimidad del proceso.
La Veeduría recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la presunción de inocencia no se limita a la etapa probatoria, sino que también debe orientar el manejo de la información pública. En sentencias como la C-774 de 2001 y la T-219 de 2015, el alto tribunal ha señalado que la estigmatización mediática y la presentación anticipada de culpabilidad vulneran derechos fundamentales y afectan la credibilidad de la justicia.
Asimismo, enfatizó que el derecho a informar, protegido por el artículo 20 de la Constitución, no es absoluto y encuentra límites cuando se ponen en riesgo la honra, el buen nombre y el derecho a un juicio justo.
En su pronunciamiento, la organización reiteró un principio central del derecho penal garantista: “A las personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son, ni por el cargo que ocupan, ni por la presión que pueda ejercer la opinión pública”.
Finalmente, insistió en que, en una democracia constitucional, el debate penal debe resolverse en los estrados judiciales y no en los titulares, y que el respeto al debido proceso es condición esencial para una justicia legítima y creíble.
