La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en el manejo de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante el año 2025, con hallazgos fiscales que superan los $53.117 millones en distintas regiones del país. Estas irregularidades se detectaron tras 40 actuaciones de control fiscal realizadas a nivel nacional, que incluyeron recursos del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales y el Sistema General de Regalías.
Como resultado de estas investigaciones, la Contraloría identificó 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal, cuyo valor asciende a $24.254 millones, asociados principalmente a sobrecostos en los contratos, pagos sin soportes que justifiquen la ejecución, fallas en la ejecución contractual e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa.
El mayor porcentaje del daño fiscal corresponde a sobrecostos, con 22 hallazgos que representan $18.106 millones, es decir, el 75 % del total. A esto se suman 12 hallazgos por pagos sin respaldo documental, por $2.790 millones, además de problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones y otros incumplimientos de las normas del programa por $649 millones.
Desde el punto de vista regional, la zona Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos que suman $12.363 millones, lo que la convierte en la región con la situación más crítica en términos de manejo de recursos del PAE.
Uno de los casos más graves se presentó en Soacha (Cundinamarca), donde se detectó el hallazgo individual de mayor impacto fiscal, por $3.550 millones. Según la Contraloría, el municipio pagó valores incluidos en la estructura de costos que superaron lo realmente ejecutado por el contratista, lo que generó un detrimento significativo de los recursos públicos.
Además, en el uso de recursos del Sistema General de Regalías destinados al PAE en Nariño, Quindío, Meta y Arauca, correspondientes a las vigencias 2021 a 2024, se encontraron cinco hallazgos fiscales por $28.863 millones. Estos se atribuyen a deficiencias en todas las etapas del proceso contractual, así como al incumplimiento de lineamientos técnicos y nutricionales, lo que pone en duda la calidad y efectividad de la alimentación entregada a los estudiantes.
Frente a estos hallazgos, el presidente Gustavo Petro reaccionó de manera contundente y denunció que parte de los recursos del PAE habrían sido desviados para la compra de votos, en el marco de la actual temporada electoral. En un mensaje público, el mandatario acusó a algunos gobernadores de sustraer dineros destinados a la alimentación de niños y niñas, calificando esta conducta como moralmente reprochable.
El impacto social de estas irregularidades es especialmente preocupante. Según la Contraloría, alrededor de 800.000 estudiantes de 12 entidades territoriales —entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura— están en riesgo de quedarse sin alimentación escolar, lo que afecta directamente la permanencia en el sistema educativo y la calidad de vida de los menores.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que el PAE aún no tiene cobertura universal en Colombia. Actualmente, cerca de 1 millón 200 mil niños y adolescentes todavía no están cobijados por el programa, lo que convierte el mal manejo de los recursos en un problema aún más grave, ya que limita la posibilidad de ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la alimentación escolar.
En conjunto, los hallazgos de la Contraloría y las denuncias del presidente revelan fallas estructurales en la gestión del PAE, posibles hechos de corrupción y un uso indebido de recursos públicos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país, en un contexto político y electoral especialmente sensible.
