Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, comparecerá este lunes a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La audiencia será por videoconferencia desde la cárcel, donde Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.
Aunque el Congreso busca que aporte información clave sobre la red de contactos y protección de Epstein, todo indica que Maxwell no responderá preguntas, ya que planea invocar la Quinta Enmienda, que le permite no declarar para evitar autoincriminarse. Sus abogados pidieron inmunidad para que pudiera testificar sin riesgo legal, pero los congresistas rechazaron esa solicitud. Por eso, su defensa calificó la audiencia como un posible “espectáculo político”.
El comité, dominado por legisladores republicanos, investiga los vínculos de Epstein con figuras influyentes del poder político, empresarial y social, y también cómo las autoridades manejaron (o dejaron de manejar) la información sobre sus delitos durante años.
Este nuevo interés surge tras la publicación, el 30 de enero, de archivos gubernamentales desclasificados relacionados con Epstein. Los documentos incluyen registros judiciales, correos electrónicos y listas de vuelos, muchos de los cuales ya eran conocidos parcialmente. Si bien no han revelado nuevos delitos ni generado nuevas imputaciones penales, sí han vuelto a poner bajo el foco público las relaciones de Epstein con personajes poderosos en Estados Unidos y otros países.
A raíz de estas revelaciones, varios políticos y empresarios han quedado bajo escrutinio, lo que ha provocado renuncias, explicaciones públicas y una reapertura del debate sobre la impunidad de las élites. Sin embargo, las autoridades han sido claras en que la aparición de nombres en los archivos no implica automáticamente culpabilidad ni procesos judiciales, ya que muchos hechos ya fueron investigados o no cumplen las condiciones legales para reabrir causas.
Jeffrey Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y fue arrestado nuevamente en 2019 por explotación sexual de mujeres, incluidas menores. Ese mismo año fue hallado muerto en prisión antes de enfrentar juicio, en un caso que sigue rodeado de controversia.
En este contexto, el Congreso de Estados Unidos intenta determinar si hubo fallos institucionales, encubrimientos o negligencias que permitieron que Epstein operara durante años, y qué responsabilidad tuvieron personas influyentes en que sus crímenes no fueran detenidos a tiempo.
