La reunión bilateral entre las cancilleres de Colombia y Ecuador terminó sin acuerdos, profundizando la tensión diplomática por la imposición del arancel del 30% a productos colombianos. El encuentro entre la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, no logró destrabar la polémica medida que hoy pone en jaque el comercio binacional.
Durante varias horas de diálogo, la delegación colombiana intentó que Quito reconsiderara la sobretasa, la cual afecta exportaciones que superan los 2.600 millones de dólares anuales. Sin embargo, las posiciones se mantuvieron totalmente enfrentadas. Villavicencio calificó la medida como “unilateral, desproporcionada y contraria al espíritu de integración regional”, mientras que Sommerfeld defendió el arancel como una estrategia necesaria para proteger la economía interna ecuatoriana.
El fracaso de la cumbre deja en un escenario de alta incertidumbre a miles de exportadores colombianos, quienes enfrentan una fuerte pérdida de competitividad frente a un muro arancelario que encarece los productos y reduce su acceso al mercado ecuatoriano, uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región andina.
La situación es especialmente crítica en la frontera colombo-ecuatoriana, donde el impacto económico es devastador. En el Puente Internacional de Rumichaca, principal corredor comercial, se registran pérdidas millonarias diarias, afectando gravemente a los sectores de transporte, comercio, logística y turismo. Gremios empresariales de Nariño calificaron la coyuntura como “un cáncer económico que desangra la región”, al frenar la dinámica comercial que sostiene miles de empleos directos e indirectos.
Al cierre del encuentro, no se anunció una nueva fecha para retomar las negociaciones, lo que profundiza la incertidumbre del sector productivo y eleva el riesgo de un deterioro prolongado en las relaciones comerciales entre ambos países.
Los empresarios y autoridades regionales insisten en la urgencia de una solución diplomática, advirtiendo que, de mantenerse el arancel del 30%, las consecuencias económicas y sociales podrían ser irreversibles para la economía fronteriza y binacional.
