Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), máxima autoridad de protección al consumidor y de libre competencia en Colombia, inició esta semana una ronda de requerimientos formales de información a varias empresas sobre los criterios, fórmulas y prácticas que utilizan para fijar sus precios, definir descuentos y calcular sus márgenes de ganancia, en medio de crecientes tensiones entre el sector privado y el regulador.
La medida se ha convertido en uno de los temas económicos más comentados en el país, no solo por el perfil de las compañías involucradas —que van desde marcas de moda hasta librerías y grandes cadenas comerciales— sino por las implicaciones que puede tener para el funcionamiento del mercado bajo el régimen colombiano de libre empresa.
¿Qué solicitó la SIC?
La superintendencia, liderada por Cielo Rusinque, envió requerimientos iniciales a por lo menos cinco grandes empresas: Nalsani S.A.S. (la matriz de Totto), Whirlpool Colombia S.A.S., Continente S.A.S. (distribuidora de productos para el hogar), Panamericana Librería y Papelería y Supertiendas y Droguerías Olímpica.
El alcance de estas solicitudes va más allá de una simple declaración de precios. Las compañías han sido requeridas para detallar, entre otros aspectos:
- Los procedimientos y criterios técnicos que emplean para establecer los precios de sus productos y servicios.
- La forma como se calculan y comunican los márgenes de ganancia.
- Cómo influyen los costos de importación, logística y tasas de cambio en sus estructuras tarifarias.
- Qué criterios usan para definir los descuentos, promociones y su vigencia.
- Si emplean sistemas automatizados o algoritmos para determinar precios finales.
Según la SIC, estos requerimientos forman parte de indagaciones preliminares dentro de sus funciones ordinarias de inspección, vigilancia y control, y no equivalen a investigaciones formales ni a intentos de imponer controles directos de precios. La entidad remarca que su objetivo es verificar el respeto al Estatuto del Consumidor y evitar prácticas engañosas, como la oferta de descuentos que no serían reales o se mantendrían sin variaciones sustanciales durante largos periodos.
Reacciones del sector empresarial
La decisión generó una fuerte reacción desde los gremios y asociaciones empresariales. El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a múltiples cámaras sectoriales, expresó que este tipo de peticiones podría exceder las competencias constitucionales y legales del ente de control, al “exigir información estratégica que forma parte de la reserva comercial de las empresas”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) calificó las solicitudes como un posible abuso de poder que podría afectar la competitividad y la confidencialidad de estrategias comerciales, y algunos líderes gremiales compararon este movimiento con experiencias de controles de precios en otros países.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también alertó que “exigir el desglose de precios de miles de referencias podría resultar inviable y denota un desconocimiento de la dinámica del mercado”, sugiriendo que, de ser mal aplicado, este proceso podría acercar a la SIC a comportarse como una “Superintendencia de Precios”.
Contexto económico y social
La controversia surge en un momento en que la economía colombiana sigue ajustándose tras un alza significativa del salario mínimo decretada a finales de 2025, y en medio de preocupaciones por inflación y poder adquisitivo de los consumidores. Las autoridades han reiterado que la libre competencia y la autonomía empresarial siguen siendo pilares del modelo económico colombiano, aunque también recalcan la necesidad de transparencia y respeto a los derechos de los consumidores.
Expertos señalan que la SIC cuenta con amplias facultades legales para requerir información en indagaciones preliminares, pero que existe un delicado equilibrio entre proteger a los consumidores y respetar los principios de libre empresa, confidencialidad estratégica y competencia leal.
Qué sigue
La SIC ha anunciado que los requerimientos de información no se quedarán solo con las primeras empresas contactadas: se espera que la lista se extienda a más de 50 empresas en las próximas semanas, según declaraciones oficiales de la superintendencia.
A medida que avance este proceso, los empresarios, los juristas y los consumidores estarán atentos a cómo se equilibra la transparencia y protección al consumidor con la libertad de mercado y las prácticas comerciales legítimas.
