En el departamento de Arauca, en la región oriental de Colombia, se registró la tarde del 5 de febrero de 2026 un atentado armado contra la caravana de vehículos que integraba el esquema de seguridad y parte del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI). El incidente, que provocó la muerte de dos escoltas y el secuestro temporal de tres colaboradores, ha encendido nuevamente la alarma sobre los riesgos de la violencia política en el país.
Ataque, víctimas y reacción del senador
El ataque ocurrió en la vía que une los municipios de Fortul con Tame, en Arauca, cuando varios hombres armados emboscaron uno de los vehículos que formaban parte del convoy que se dirigía hacia Yopal, en el departamento de Casanare, para reunirse con Castellanos. En el lugar murieron dos miembros del esquema de seguridad, identificados en fuentes periodísticas como parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía, quienes recibieron múltiples disparos mientras cumplían con su labor de proteger al congresista.
Castellanos no se encontraba en el vehículo atacado pero, visiblemente afectado, expuso en video difundido en redes sociales el dolor por la pérdida de sus escoltas: “Me masacraron a mis muchachos… hacían parte de nuestra familia”. En sus declaraciones, resaltó que uno de los fallecidos llevaba una década acompañándolo y el otro casi dos años, y envió un sentido mensaje de solidaridad a los seres queridos de ambos hombres.
Secuestro y liberación de colaboradores
Tras el ataque, tres integrantes del equipo de campaña fueron retenidos por los agresores junto con una camioneta, generando horas de incertidumbre sobre su paradero. Las personas identificadas como Abel Quintero, Jonathan Gómez y Cristian Torres fueron finalmente liberadas horas después, regresando con vida a sus familias y dando un respiro a la comunidad política y a los allegados del senador.
Investigación, respuesta del Gobierno y contexto de violencia
Autoridades del Gobierno colombiano han condenado el ataque y asegurado el despliegue de fuerzas para dar con los responsables. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó el hecho como un acto inaceptable y reiteró la postura del Estado de proteger la vida y la actividad política democrática.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció, ordenando acciones para rastrear y capturar a los responsables de los disparos, y subrayando la importancia de garantizar la seguridad de líderes, candidatos y equipos políticos durante el ejercicio electoral que se avecina.
Este atentado se enmarca en un contexto de creciente violencia política en Colombia, donde en los últimos meses han sido reportados múltiples ataques hacia figuras públicas, incluidos diputados, senadores y precandidatos a cargos de elección popular, lo que pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en regiones con presencia histórica de grupos armados ilegales.
