Fortul (Arauca), 5 de febrero de 2026 — Un violento ataque armado perpetrado este jueves contra el esquema de seguridad del senador colombiano Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), sacudió el departamento de Arauca, en el este del país, dejando al menos dos escoltas muertos y generando una profunda preocupación en torno a la seguridad de los líderes políticos en plena temporada electoral.
Según informes preliminares de autoridades y medios nacionales, el ataque tuvo lugar sobre la vía Fortul-Tame, cuando los integrantes del esquema de protección del senador se desplazaban en una camioneta hacia Yopal (Casanare), donde recogerían al legislador. Al momento del atentado, Castellanos no se encontraba en el vehículo atacado, ya que él estaba cumpliendo actividades políticas en esa ciudad.
Detalles del ataque y víctimas
El vehículo blindado en el que viajaba el equipo de seguridad fue interceptado en la carretera, presuntamente en una zona rural, y recibió múltiples impactos de bala en sus puertas, vidrios y carrocería, lo que sugiere una emboscada bien coordinada por parte de los atacantes.
Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de dos escoltas, uno adscrito a la Policía Nacional y otro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hacían parte del esquema asignado al senador. Las autoridades también reportan que otra camioneta y al menos tres personas (un conductor, un asistente y un ingeniero que formaban parte del equipo) se encuentran desaparecidos, aunque estos datos aún no han sido oficialmente corroborados por la Fiscalía o la Policía Nacional.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se comunicó con Castellanos tras los hechos y confirmó que el senador se encuentra ileso pero “profundamente conmovido por la muerte de sus escoltas y el ataque a su vehículo”. Según Benedetti, los agresores emplearon ráfagas de fusil y la intensidad del ataque obliga a considerar una planificación previa o un reten ilegal utilizado como trampa.
Reacciones políticas y contexto de inseguridad
El atentado fue condenando de inmediato por diversos líderes políticos y congresistas, quienes rechazaron la violencia política y exigieron mayores garantías de seguridad para los representantes elegidos por el pueblo. La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial, publicó en redes sociales su rechazo y pidió oraciones por la vida del senador y su equipo.
Este hecho se produce en medio de un contexto de creciente violencia en zonas rurales del país, especialmente en departamentos como Arauca, donde grupos armados ilegales han incrementado sus acciones contra autoridades, fuerzas del orden y líderes sociales. En lo que va de 2025-2026, otros dirigentes políticos han sido blanco de ataques, lo que ha profundizado el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno central.
Investigación y despliegue de seguridad
Las autoridades colombianas anunciaron el despliegue de fuerzas del Ejército y la Policía en la zona del atentado, con el objetivo de asegurar el área, avanzar en la identificación de los responsables y encontrar a las personas que permanecen desaparecidas tras el ataque. La Fiscalía General de la Nación también ha iniciado las diligencias para esclarecer los hechos, contratar pruebas balísticas y determinar si el atentado fue perpetrado por grupos armados ilegales presentes en Arauca, como el ELN o disidencias de las FARC.
Por ahora, el episodio representa uno de los hechos más graves de violencia política registrados en Colombia en las últimas semanas, y pone sobre la mesa nuevamente la discusión sobre las condiciones de seguridad para políticos, candidatos y servidores públicos a la espera de las elecciones de marzo y mayo de 2026.
