La Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde este jueves (29.01.2026) a una profunda modificación del marco legal que rige el sector petrolero, una reforma que permite una mayor participación de empresas privadas y reduce de forma significativa el rol del Estado en la exploración y explotación de hidrocarburos.
La normativa, aprobada por el Parlamento alineado con el chavismo, busca atraer inversión extranjera mediante mayores garantías jurídicas, una rebaja de la carga tributaria y la flexibilización del control estatal que se mantuvo durante más de dos décadas. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, destacó el carácter histórico de la medida y anunció que la ley queda lista para su promulgación, a la espera de la firma de la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La iniciativa fue impulsada por la actual jefa del Ejecutivo, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una operación militar encabezada por Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas del país. En paralelo, Washington evalúa la posibilidad de retomar operaciones energéticas en territorio venezolano.
El cambio legislativo marca un giro radical en la política petrolera del país, tradicionalmente dominada por el control estatal desde la llegada del chavismo al poder. La apertura se produce en un contexto de fuerte deterioro del sector, afectado por años de desinversión, corrupción y mala administración.
Aunque la producción venezolana logró recuperarse hasta los 1,2 millones de barriles diarios en 2025 —una mejora sustancial frente a los niveles mínimos de 2020—, aún se mantiene muy por debajo de los cerca de 3 millones de barriles diarios que el país alcanzó a comienzos del siglo.
