Según la denuncia, la obra acumula más de un año y medio de retrasos.
La comunidad de Mesetas, Meta, vuelve a expresar preocupación por el futuro del denominado Paraíso Acuático, una obra ubicada en el sector de Puerto Limón, en el muelle del cañón del río Güejar, que debía haber sido entregada el 3 de junio de 2024 y que, a la fecha, continúa suspendida y sin avances visibles.
Contratación
Desde el inicio del proyecto se advirtieron presuntas irregularidades relacionadas con la contratación, entre ellas la firma del contrato con anticipos y sin estudios y diseños plenamente definidos. Actualmente, la obra permanece detenida mientras se adelantan análisis técnicos y estudios adicionales, situación que ha generado cuestionamientos, ya que estos procesos debieron realizarse antes del inicio de la ejecución.
En visitas previas, responsables del proyecto aseguraron que la obra estaría lista en diciembre del mismo año; sin embargo, ya transcurre el 2026 y el proyecto acumula más de un año y medio de retrasos, marcado por constantes modificaciones contractuales. Este panorama ha despertado inquietudes sobre la posibilidad de que el Paraíso Acuático termine convertido en un elefante blanco.
El contrato de obra, por un valor superior a los 6.371 millones de pesos, tiene como socio mayoritario, con el 60 % de participación, a Álvaro Andrés Pacheco Muñoz, contratista con amplia presencia en municipios PDET, quien, según registros públicos, ha ejecutado múltiples proyectos financiados con recursos del OCAD Paz. Diversas veedurías han señalado que el monto total de contratos asociados a este contratista superaría los 70 mil millones de pesos, lo que ha motivado mayor vigilancia ciudadana.
Delitos
En cuanto a la interventoría, el contrato asciende a 1.180 millones de pesos y está a cargo de Carlos Alberto Ballesteros Arizizábal, quien, de acuerdo con antecedentes judiciales conocidos públicamente, estuvo privado de la libertad en el pasado por delitos contra la administración pública. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre los controles y la supervisión ejercida sobre la obra.
La comunidad insiste en que la interventoría debe garantizar transparencia, control y correcta ejecución de los recursos públicos, y solicita a los entes de control revisar de manera exhaustiva este proyecto y otros similares financiados con recursos de paz en municipios priorizados. El llamado ciudadano es claro: no guardar silencio, no mirar hacia otro lado y exigir respuestas concretas sobre una obra que sigue sin fecha clara de entrega.
