Este miércoles 28 de enero de 2026, las centrales obreras y confederaciones de pensionados realizan una movilización nacional en defensa del decreto que fijó el incremento del salario mínimo para este año. La convocatoria plantea concentraciones simultáneas frente a los palacios de justicia en todo el país, a partir de las 10:00 de la mañana, como respuesta directa a las demandas judiciales que buscan anular la decisión del Gobierno.
La jornada es promovida por el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CTC, la CGT, la CPC y la CDP, organizaciones que consideran que el debate alrededor del salario mínimo se ha trasladado del terreno técnico al escenario político y jurídico. La movilización se produce tras la admisión de varias acciones legales contra el decreto gubernamental que estableció un incremento histórico del 23,7% al salario mínimo, elevándolo a $2.000.000 mensuales con auxilio de transporte incluido.
Para las centrales obreras, el decreto cuenta con pleno sustento legal y constitucional. Recordaron que la Comisión Nacional de Concertación y la normativa vigente facultan al Ejecutivo para fijar el salario mínimo cuando no se logra un acuerdo entre trabajadores y empleadores. Asimismo, subrayaron que la medida desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el principio del salario mínimo vital y móvil.
Uno de los argumentos centrales de las organizaciones sindicales es que no existe evidencia técnica sólida que demuestre que los incrementos del salario mínimo generen destrucción de empleo. Por el contrario, sostienen que un mayor ingreso fortalece el mercado interno, dinamiza el consumo y contribuye a la estabilidad económica.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó el incremento del salario mínimo como un acto de justicia social, considerando que «por primera vez se avanza de manera decidida en la dignificación del ingreso de quienes devengan el salario mínimo». Las concentraciones se realizarán en ciudades como Bogotá (frente al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar), Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y las capitales de los 32 departamentos.
Las organizaciones convocantes concluyeron que defender el decreto es defender la Constitución, la democracia social y el derecho de los trabajadores a vivir con dignidad, advirtiendo que no permitirán retrocesos y que la defensa del salario mínimo continuará en los escenarios jurídico, político y de movilización social.
