Este martes 27 de enero, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá se reunió para definir la hoja de ruta que aplicará para resolver las apelaciones de medidas de aseguramiento impuestas a los exministros Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda) y Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), funcionarios del gobierno Petro detenidos preventivamente por su presunta participación en el entramado de corrupción para desfalcar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión del Tribunal es crucial porque establece jurisprudencia sobre procedimientos que se seguirán para resolver apelaciones cuando se trata de funcionarios aforados, aplicando la reciente Ley 2477 de 2025 que modificó competencias judiciales en estos casos. Los magistrados deben determinar aspectos como plazos para presentación de argumentos, términos para resolver las apelaciones, y garantías procesales que deben respetarse considerando la condición de aforados de los procesados.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno Petro, involviendo presunto desvío de miles de millones de pesos destinados a atención de emergencias y desastres naturales. Las investigaciones han revelado una red compleja que operaba desde la UNGRD dirigiendo recursos públicos hacia contratistas favorecidos mediante procedimientos irregulares, con presunta participación de funcionarios de alto nivel que facilitaban, encubrían o se beneficiaban directamente del esquema.
El próximo 29 de enero está programada la audiencia de acusación contra otra de las presuntas cabezas del entramado, continuando el calendario judicial de un caso que marcará 2026 con múltiples diligencias, revelaciones y potencialmente nuevas capturas a medida que avancen investigaciones.
