Bogotá, Colombia – En los últimos días, la política nacional colombiana se ha visto sacudida por una serie de nuevas acusaciones de acoso sexual y abuso de poder que involucran a Carlos Caicedo, exgobernador del departamento del Magdalena y actual candidato presidencial por firmas con el movimiento Fuerza Ciudadana. Estas denuncias han sido dadas a conocer a través de testimonios de varias mujeres y corroboradas con mensajes, chats y pruebas aportadas a medios de comunicación, y han generado reacciones institucionales de distintas entidades públicas.
Testimonios y narrativas de las víctimas
Según la investigación periodística publicada en La FM, al menos cuatro mujeres que trabajaron bajo el esquema político o administrativo relacionado con Caicedo han relatado presuntas situaciones de acoso sexual y presiones indebidas a cambio de beneficios laborales o avances profesionales dentro de la administración de la Gobernación del Magdalena y el movimiento Fuerza Ciudadana.
Una de las denunciantes relató a La FM que, en el ejercicio de sus funciones, Caicedo le habría hecho una solicitud explícita de carácter sexual, pidiéndole que se acostara con él. Según su testimonio, cuando se negó a acceder a esa petición, la reacción del exgobernador fue “atemorizante”. Esta mujer describió una sensación de intimidación e impotencia al ver cómo quien era su jefe político —y a quien admiraba inicialmente— pasaba a cruzar los límites de lo profesional.
Las relatos recogidos también incluyen conversaciones atribuidas al candidato en plataformas de mensajería, donde se habrían observado frases sugestivas de tipo sexual o insinuaciones hacia subordinadas, así como presuntas reprisalias y tensión por rechazar dichas conversaciones.
Reacción institucional: Fiscalía, Procuraduría y Defensoría
Ante la divulgación pública de estas denuncias, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para esclarecer los hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2023 durante la gobernación de Caicedo en el Magdalena. Este procedimiento preliminar busca establecer si existen méritos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal y determinar responsabilidades, tanto de Caicedo como de personas vinculadas a su entorno político.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se investiguen con “celeridad, transparencia y garantías” las acusaciones, destacando que las denuncias de acoso representan un serio problema de violencia basada en género y abuso de poder político. El organismo señaló que los espacios políticos no deberían ser entornos hostiles para las mujeres y que los partidos y movimientos deben comprometerse con la igualdad de género.
Además de la indagación disciplinaria de la Procuraduría, una denuncia penal formal fue presentada ante la Fiscalía, en la que se imputan supuestos delitos como acoso sexual, actos sexuales abusivos y acceso carnal con incapacidad de resistir, por hechos que, de acuerdo con las acusaciones, habrían ocurrido durante la gestión de Caicedo como gobernador del Magdalena.
Respuesta de Carlos Caicedo y repercusiones políticas
Frente a estos señalamientos, Carlos Caicedo ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas como “falsas acusaciones” o una táctica política utilizada en épocas electorales para desprestigiar su nombre y su trayectoria. Ha asegurado que no existe evidencia verificable que sustente las imputaciones y que confía en que las investigaciones mostrarán que no hubo delito alguno.
En el ámbito político, las denuncias han generado controversia. Algunos sectores, particularmente lideresas y militantes de Fuerza Ciudadana, han salido en defensa de Caicedo, calificando los señalamientos como “montajes” o ataques políticos coordinados para debilitar su campaña presidencial.
Contexto y marco legal
Este caso se desarrolla en un contexto en el que Colombia ha intensificado su atención a los delitos de acoso y violencia de género en ámbitos laborales, públicos y políticos, reflejado en marcos legales y políticas públicas que buscan prevenir, atender y sancionar la violencia sexual, así como proteger a las víctimas en procesos judiciales y administrativos.
La combinación de testimonios, evidencia documental y la respuesta de las instituciones coloca este caso en un punto de atención nacional no solo por lo que implica sobre un líder político en campaña, sino por lo que representa en términos de derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia basada en género.
