La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia vive una de las jornadas más intensas de su reciente historia jurídica, marcada por una disputa interna y una tensión institucional sin precedentes alrededor del decreto de emergencia económica decretado por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025.
El conflicto se centra en dos frentes: por un lado, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social —una medida que le permite al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, incluidas cargas tributarias para recaudar miles de millones de pesos— y, por otro, una fuerte pugna para determinar si el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, puede o no participar en el debate y la votación sobre la suspensión de ese decreto.
🔎 Origen de la controversia
El Gobierno Nacional decretó, en diciembre de 2025, la emergencia económica con el argumento de cerrar brechas fiscales y atender la situación financiera del país. La norma —identificada como el Decreto Legislativo 1390 de 2025— incluye, entre otros aspectos, disposiciones tributarias como impuestos sobre bebidas alcohólicas y apuestas en línea que comenzaron a regir el 1° de enero.
Como parte del control automático de constitucionalidad que establece la Carta, la Corte Constitucional recibió el caso y lo asignó a los magistrados ponentes: Carlos Camargo, para el decreto de emergencia general, y Juan Carlos Cortés, para las normas específicas que afectan, por ejemplo, impuestos.
⚖️ El impedimento de Ibáñez y la recusación del Gobierno
La discusión interna escaló cuando el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un documento formal en el que declara su impedimento para participar en el análisis y votación sobre la emergencia económica. Advirtió que, por haber concedido entrevistas a medios explicando cómo la Corte podría revisar el decreto, existía una circunstancia que podía afectar su imparcialidad.
Poco antes de que Ibáñez anunciara este impedimento, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, interpuso una recusación formal para apartarlo del debate. El argumento central fue que sus intervenciones públicas —según la Presidencia— anticiparon una orientación de criterio sobre la materia objeto de la decisión judicial y, por ende, podrían comprometer el principio de neutralidad e imparcialidad judicial que se exige a un magistrado constitucional.
Ibáñez insistió en que sus declaraciones fueron de carácter explicativo y académico y no constituyen pronunciamientos de fondo. Sin embargo, ahora será la Sala Plena la que deba decidir si su impedimento es procedente o no.
🔥 El rol de Carlos Camargo y la suspensión provisional
Mientras se decide la posible participación de Ibáñez, el magistrado Carlos Camargo radicó una ponencia en la Sala Plena solicitando la suspensión provisional del decreto de emergencia económica hasta que exista una sentencia de fondo sobre su constitucionalidad.
Camargo sustenta su propuesta en que, a su juicio, los efectos del decreto —especialmente los tributarios— pueden causar un perjuicio irremediable a los contribuyentes y aduce falta de justificación clara sobre la urgencia constitucional que se reclama. En ese sentido, plantea que la Corte debe actuar de manera firme para impedir consecuencias irreversibles antes de que se dicte un fallo de fondo.
La medida cautelar de suspensión provisional es una herramienta inusual en esta materia en Colombia, y su eventual aprobación o rechazo dependerá de la voluntad de los magistrados de la Sala Plena. Sin el voto del presidente del tribunal, las fuerzas podrían quedar muy divididas, o incluso con cierta inclinación hacia mantener el decreto según algunas fuentes consultadas dentro del alto tribunal.
📍 Impacto institucional
Este choque entre poderes —entre la Corte y el Ejecutivo, pero también al interior de la propia Corte— pone en evidencia uno de los debates más profundos sobre los límites del control judicial frente a decisiones del Gobierno que afectan la economía y los impuestos. El resultado de esta discusión podría tener consecuencias económicas y políticas significativas, pues está en juego no solo la vigencia de una norma de alto impacto fiscal, sino también la percepción pública sobre la independencia judicial en Colombia.
