La disminución en los recursos del Sistema General de Participaciones encendió las alertas entre mandatarios locales de todo el país, quienes aseguran que el ajuste compromete la ejecución de programas sociales, obras básicas y la atención a población vulnerable, principalmente en municipios de quinta y sexta categoría.
El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, explicó que el recorte se concentra en los recursos de libre inversión, los cuales ya habían sido incorporados en los presupuestos municipales de la vigencia 2025. En el caso de su municipio, la reducción supera los 185 millones de pesos, mientras que en localidades de menor tamaño puede alcanzar los 100 millones de pesos.
Castiblanco señaló que, en términos porcentuales, la reducción oscila entre el 5 % y el 10 %, producto de fórmulas aplicadas por el Ministerio de Hacienda que, según indicó, no siempre son socializadas de manera previa con los gobiernos locales.
La preocupación es generalizada, teniendo en cuenta que más del 85 % de los municipios del país pertenecen a categorías con baja capacidad fiscal y dependen en gran medida de las transferencias nacionales para cubrir gastos esenciales, incluidos compromisos laborales y funcionamiento administrativo.
En Boyacá, municipios como Sativa Sur y Betéitiva aparecen entre los más afectados debido a su limitada base tributaria y alta dependencia del SGP, lo que agrava el impacto del recorte sobre sus finanzas.
Ante este escenario, la Federación Colombiana de Municipios inició gestiones ante el Ministerio de Hacienda para revisar el alcance de la medida y explorar alternativas de compensación. Como parte de estas acciones, el próximo 6 de febrero se realizará en Bogotá una reunión presencial del Consejo Directivo de la Federación, en la que se espera definir una postura conjunta frente a la situación.
