Según los profesionales, pese al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a la fecha no se ha efectuado el desembolso ni se ha informado un cronograma claro de pago. El abogado Fernando Corredor, defensor público en Boyacá, explicó que esta incertidumbre ha impactado de manera directa la estabilidad económica de quienes prestan el servicio.
El retraso ocurre en medio de restricciones presupuestales que ya estarían afectando el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Entre las consecuencias señaladas se encuentra la no renovación de contratos de defensores adscritos al programa penal general, responsables de procesos bajo el sistema penal acusatorio y de la representación judicial de víctimas.
Los defensores también expusieron desigualdades en el reconocimiento de honorarios frente a otros operadores judiciales, al señalar que no reciben ajustes anuales como jueces, fiscales o procuradores, lo que incrementa la pérdida de poder adquisitivo.
En Boyacá, más de 100 defensores públicos se encontrarían afectados. A esto se suma una elevada carga laboral: en municipios como Duitama, un solo defensor puede asumir simultáneamente entre 70 y 90 representaciones judiciales.
Los profesionales advirtieron que la persistencia de los retrasos en pagos y la reducción de personal podrían comprometer la garantía del derecho a la defensa de ciudadanos sin recursos. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial del Ministerio de Hacienda ni de la Defensoría del Pueblo frente a estas denuncias.
