Las vías 4G y 5G fueron concebidas como el gran salto de Colombia hacia una infraestructura moderna, eficiente y competitiva, capaz de reducir tiempos de viaje, bajar costos logísticos y fortalecer la conexión entre regiones productivas, centros urbanos y puertos. Sin embargo, a pesar de los avances registrados en algunos corredores estratégicos, estos ambiciosos programas continúan enfrentando retrasos significativos y sobrecostos que ponen en entredicho su impacto real y reavivan el debate sobre la planeación y ejecución de las grandes obras públicas en el país.
El programa de concesiones 4G, lanzado como una de las mayores apuestas de infraestructura en la historia reciente de Colombia, logró estructurar decenas de proyectos viales bajo esquemas de participación público-privada. No obstante, varios de estos corredores aún no alcanzan su plena operación, incluso años después de las fechas inicialmente previstas. A esto se suma el arranque del programa 5G, que nació con la promesa de corregir errores del pasado, pero que también ha comenzado a mostrar señales de complejidad en su ejecución.
Uno de los principales factores detrás de los retrasos ha sido la adquisición de predios. En múltiples proyectos, la dificultad para negociar con propietarios, los litigios judiciales y los procesos de expropiación han frenado el avance de las obras. Cada predio no adquirido a tiempo representa un cuello de botella que obliga a modificar cronogramas, encarece los costos y genera incertidumbre para los concesionarios.
A este problema se suma la obtención de licencias ambientales, un proceso necesario pero frecuentemente prolongado. En varios tramos, los estudios de impacto ambiental han requerido ajustes adicionales debido a la presencia de ecosistemas estratégicos, comunidades rurales o territorios con alta sensibilidad ambiental. Aunque estas exigencias buscan garantizar la protección del entorno, la falta de articulación entre entidades ha derivado en demoras que impactan directamente el desarrollo de las obras.
Los sobrecostos son otro de los puntos más críticos. Cambios en los diseños iniciales, ajustes técnicos no previstos, alzas en los precios de materiales y modificaciones contractuales han incrementado el valor de varios proyectos. Estos incrementos no solo afectan la rentabilidad de las concesiones, sino que también generan presión sobre las finanzas públicas, especialmente cuando el Estado debe asumir compensaciones o renegociaciones.
Desde el sector transportador y empresarial, las críticas no se han hecho esperar. Los gremios advierten que la lentitud en la culminación de las vías 4G y 5G mantiene elevados los costos de transporte, reduce la competitividad frente a otros países de la región y limita el crecimiento de sectores clave como la agroindustria y el comercio exterior. Para los usuarios, los retrasos se traducen en peajes sin obras concluidas, desvíos prolongados y mayores tiempos de desplazamiento.
El Gobierno, por su parte, ha reconocido las dificultades y ha señalado que se están realizando ajustes para acelerar los proyectos, fortalecer la supervisión y mejorar la coordinación entre entidades. En el caso de las vías 5G, se ha insistido en que los nuevos contratos incorporan lecciones aprendidas, con esquemas más flexibles y una mayor planificación en aspectos prediales y ambientales. Sin embargo, los resultados aún están en proceso de consolidación.
Más allá de las cifras y los cronogramas, el desafío de las vías 4G y 5G refleja un problema estructural: la necesidad de mejorar la planificación integral de la infraestructura en Colombia. Expertos coinciden en que no basta con adjudicar proyectos ambiciosos; es fundamental garantizar condiciones previas sólidas, estudios completos y una gestión eficiente que reduzca la improvisación y los riesgos financieros.
En conclusión, los retrasos y sobrecostos en las vías 4G y 5G continúan siendo un reto central para el desarrollo del país. Aunque estas autopistas representan una oportunidad clave para transformar la movilidad y la economía nacional, su impacto pleno dependerá de la capacidad institucional para superar los obstáculos históricos y cumplir, finalmente, las promesas de modernización que dieron origen a estos programas.
