El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se reduce la prima de servicios que reciben los congresistas, un beneficio económico que hasta ahora rondaba los 16 millones de pesos mensuales por cada legislador. La medida entrará en vigor a partir del 20 de julio de 2026, coincidiendo con el inicio de un nuevo periodo legislativo.
Según explicó el Ejecutivo, esta decisión hace parte de la política del Gobierno del Cambio orientada a reducir gastos considerados excesivos dentro del Estado y a liberar recursos que permitan contribuir a la disminución del déficit fiscal. El decreto deroga formalmente el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, norma que dio origen a esta prima durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando Mauricio Cárdenas ejercía como ministro de Hacienda.
En el texto oficial, el Gobierno concluye que la remuneración total de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y no se ajusta a la realidad económica del país. Bajo ese argumento, se sostiene que mantener una prima de este nivel profundiza las brechas salariales y refuerza una percepción de privilegio injustificado en la clase política.
Desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo recordó que esta decisión se apoya en una interpretación de la Ley 4 de 1992 y en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, las cuales establecen que el Gobierno no está obligado a reconocer primas adicionales a los congresistas, sino que puede otorgarlas o retirarlas dependiendo de las circunstancias económicas y fiscales del país.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la expedición del decreto y aseguró que esta medida representa un paso importante en la reducción de las brechas salariales en Colombia, especialmente en un contexto en el que el salario mínimo ha tenido un aumento significativo del 23%. Para el funcionario, resulta incoherente avanzar en la mejora de los ingresos de los trabajadores mientras se mantienen bonificaciones elevadas para altos cargos del Estado.
Sanguino fue enfático al señalar que la prima de 16 millones de pesos mensuales para cada congresista reflejaba una profunda desigualdad social, calificándola como “una enorme desigualdad” y “una vergüenza”, en comparación con los ingresos de la mayoría de los colombianos.
En conjunto, el decreto busca enviar un mensaje político y simbólico de austeridad, equidad y responsabilidad fiscal, al tiempo que abre el debate sobre los salarios y beneficios de los altos funcionarios públicos y su coherencia con la realidad económica del país. Si querés, lo adapto en formato de nota web, informe institucional o resumen más corto para redes.
