La Fiscalía General de la Nación de Colombia revirtió este lunes 19 de enero la imputación de cargos que había anunciado contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, en el marco de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión, que se conoció apenas horas después de haber sido oficializada, ha generado un intenso debate público y político sobre la transparencia y competencia en la administración de justicia.
Qué pasó
Inicialmente, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bogotá había solicitado la audiencia de imputación de cargos contra Rodríguez por presunta omisión en el deber de protección —posible prevaricato por omisión— en relación con la muerte de Uribe Turbay. Esa imputación —que iba a tener lugar el 11 de febrero de 2026— se sustentaba en la tesis de que el director de la UNP no atendió debidamente múltiples solicitudes de reforzamiento de seguridad presentadas por la víctima y su entorno, presuntamente hasta en 23 ocasiones, antes del atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá.
Sin embargo, pocas horas después de que se oficializara esta solicitud de imputación, la Fiscalía decidió retirarla tras advertir que la fiscal que la presentó no tenía competencia para adelantar ese procedimiento, dado que el caso había sido asignado a un Grupo de Tareas Especiales creado por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. El ente acusador explicó que la reversión buscaba evitar posibles nulidades procesales futuras y concentrar todas las diligencias en el equipo especializado que ya investiga el magnicidio de Uribe Turbay.
Por qué es relevante
La noticia de la imputación del director de la UNP había sido considerada un hecho sin precedentes, ya que Augusto Rodríguez es un alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro y figura entre quienes tienen responsabilidad directa en la protección de líderes políticos, especialmente en contextos de riesgo como el vivido por Uribe Turbay.
Tras la reversión, la Fiscalía anunció que se realizará una “mesa técnica” entre la fiscal que presentó inicialmente la imputación y el Grupo de Tareas Especiales para definir cómo continuará la investigación y si, con los criterios de competencia adecuados, se volverá a presentar la imputación o si se optará por otra figura jurídica.
Reacciones y contexto político
La decisión de revertir la imputación ha suscitado críticas, especialmente desde sectores de oposición y figuras políticas contrarios al gobierno actual, quienes han catalogado el reversazo como una muestra de falta de claridad en el manejo del caso. Algunos han señalado que el país exige respuestas más contundentes sobre las posibles omisiones en la protección de figuras políticas —independientemente de su filiación— y de cómo se están manejando los procesos judiciales vinculados a este magnicidio.
Antecedentes del magnicidio
El senador Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático y aspirante presidencial, fue atacado a bala el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un acto público en Bogotá. Tras quedar gravemente herido, permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento semanas después, generando conmoción nacional y un fuerte escrutinio sobre los protocolos de seguridad que rodean a los candidatos y dirigentes políticos en Colombia.
La Fiscalía ha capturado a varias personas vinculadas con el atentado y llevado a cabo diversas diligencias como parte de la investigación. Sin embargo, la atribución de responsabilidades no se ha limitado solo a los presuntos autores materiales, sino que también ha buscado analizar posibles fallas institucionales en las medidas de protección a las que Uribe Turbay tenía derecho como figura pública expuesta a riesgo.
