La propuesta del Gobierno Nacional de fijar el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos colombianos, eliminando su referencia al salario mínimo desde las etapas iniciales de comercialización, abrió un nuevo debate en la política habitacional del país. Para Camacol, esta medida introduce un control de precios que modifica las reglas actuales del mercado y desconoce disposiciones legales vigentes que permiten definir el valor final del inmueble al momento de la escrituración.
El gremio constructor advirtió que el proyecto normativo podría exceder las facultades del Ejecutivo, al intervenir de manera directa en un sector que depende de esquemas de planeación financiera de mediano y largo plazo. Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, señaló que la iniciativa genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la viabilidad de proyectos VIS que suelen desarrollarse en horizontes de cuatro a cinco años.
Desde el sector se explicó que el ciclo de desarrollo de una vivienda está sujeto a múltiples variables, como el costo de los materiales, la mano de obra, las tasas de interés y los cambios regulatorios. En ese contexto, la posibilidad de realizar ajustes progresivos en los precios resulta clave para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Limitar esa flexibilidad, según el gremio, podría traducirse en una reducción de la oferta de vivienda social.
A este panorama se suma el impacto del reciente incremento del salario mínimo, que de acuerdo con estimaciones del sector podría elevar entre un 10 % y un 15 % los costos de construcción, especialmente en una industria intensiva en mano de obra. Camacol advirtió que la combinación entre mayores costos y restricciones en la fijación de precios podría terminar encareciendo la vivienda y reduciendo las alternativas para los hogares de menores ingresos.
El gremio también expresó preocupación por las implicaciones del decreto en el acceso a instrumentos clave de la política pública de vivienda, como los subsidios de las cajas de compensación, los apoyos territoriales y los créditos con tasas preferenciales, los cuales se calculan con base en el valor del inmueble al momento de la escrituración. Modificar esta lógica desde las fases iniciales de comercialización, señaló Camacol, podría dejar por fuera a miles de familias.
