Bogotá, Colombia — El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, emitió una declaración oficial en respuesta a las acusaciones de espionaje ilegal hechas por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sobre presuntas interceptaciones a sus comunicaciones personales durante el último año.
Las controversias se desataron recientemente cuando Idárraga afirmó que su teléfono celular había sido “chuzado” (intervenido) mientras se desempeñaba como Secretario de Transparencia, entre agosto y noviembre de 2025, alegando que se registraron miles de accesos irregulares y que incluso la cámara y el micrófono habrían sido activados sin su consentimiento. Según su versión, dichas actividades tendrían origen en una orden proveniente del Ministerio de Defensa y habrían sido ejecutadas con apoyo de recursos estatales y estructuras de contrainteligencia.
Respuesta de MinDefensa
Ante estas afirmaciones, el ministro Pedro Sánchez negó categóricamente que haya existido tal orden de espionaje: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza hacer un seguimiento como el que señala esa información”, declaró en múltiples intervenciones ante medios nacionales y en redes sociales.
Sánchez calificó las denuncias como información falsa y precisó que Colombia no está utilizando actualmente el software espía conocido como Pegasus, un programa altamente sofisticado que puede acceder a datos, cámara y micrófono de dispositivos móviles sin el consentimiento del usuario. El ministro explicó que esa herramienta estuvo en uso en el país entre 2021 y 2022, pero que desde entonces fue desactivada y no forma parte de los sistemas operativos de las Fuerzas Militares o de Policía en la actualidad.
Además, Sánchez aseguró que ya existe comunicación directa con Idárraga para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, y que se ha ofrecido todo el apoyo institucional para que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investiguen lo ocurrido con total transparencia.
Marco legal y aclaraciones
El jefe de la cartera de Defensa hizo énfasis en que solo autoridades judiciales pueden autorizar interceptaciones de comunicaciones según la ley colombiana, y que cualquier uso de herramientas de vigilancia sin orden judicial constituiría una violación a la normativa vigente. Además, aseguró que se convocaron juntas de inteligencia para establecer lineamientos que respalden las investigaciones y protejan la seguridad de los funcionarios públicos involucrados.
Contexto del conflicto
Este choque entre dos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro refleja una tensión creciente en la administración, con acusaciones cruzadas que han generado preocupación en sectores políticos, jurídicos y de derechos digitales. La denuncia de Idárraga no solo apunta al presunto espionaje, sino también sugiere que podría estar vinculada a investigaciones previas sobre posibles nexos entre agentes del Estado y grupos armados ilegales, aunque este punto aún no ha sido confirmado por las autoridades competentes.
Hasta ahora, no se ha presentado evidencia judicial pública que confirme las «chuzadas» denunciadas, y las versiones oficiales desmienten categóricamente que el Ministerio de Defensa haya ordenado o ejecutado seguimientos ilegales a comunicaciones de altos funcionarios.
