Cuando sube el salario, la competencia también importa

Según, José García Guzmán, docente de Economía de la Universidad de América, Colombia discute el aumento del salario mínimo en un momento macroeconómico distinto al de los picos inflacionarios recientes. La inflación ronda hoy el 5,3% y mantiene una tendencia descendente, mientras la tasa de cambio se ha apreciado, abaratando bienes e insumos importados y aliviando presiones sobre los costos. En este contexto, el incremento del salario mínimo por encima del 23% ha despertado preocupación y un tono de alarma que conviene moderar. No para negar riesgos, sino para analizarlos con evidencia y con una mirada más completa sobre cómo se forman los precios y el empleo en la economía.
El argumento más repetido es que un aumento salarial muy superior a la inflación se traducirá de manera automática en mayores precios y en destrucción de empleo. Ese riesgo existe, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra y en empresas con baja productividad. Sin embargo, la experiencia colombiana muestra que la relación entre salario mínimo y empleo está lejos de ser mecánica. De hecho, históricamente, los bajos incrementos del salario mínimo no han garantizado mejoras sostenidas en el desempleo. Durante largos periodos de ajustes moderados, e incluso rezagados frente a la inflación, el mercado laboral colombiano continuó exhibiendo altas tasas de informalidad y episodios persistentes de desempleo.
Este punto es clave para el debate actual. Si mantener aumentos bajos fuera una condición suficiente para mejorar el empleo, Colombia debería mostrar hoy un mercado laboral mucho más robusto. La evidencia sugiere lo contrario. El desempleo y la informalidad responden más a problemas estructurales, como baja productividad, débil crecimiento, escasa diversificación productiva y fallas en la competencia, que al nivel puntual del salario mínimo. Por ello, atribuir al incremento salarial la responsabilidad exclusiva sobre el empleo resulta analíticamente pobre.
A esto se suma un rasgo central de la economía colombiana: es un país de pequeñas y medianas empresas. Más del 90% del tejido empresarial formal está compuesto por pymes que operan en mercados locales con competencia directa y márgenes estrechos. En estos entornos, subir precios no es una decisión trivial. Puede implicar perder clientes frente al competidor cercano. Por eso, en amplios segmentos de la economía, los aumentos de costos no se trasladan automáticamente a precios, sino que obligan a ajustes internos, mejoras de eficiencia o cambios en la organización productiva. Cuando los mercados funcionan, la competencia actúa como un freno natural a la inflación.
Otro elemento que suele distorsionarse en la discusión es el alcance real del salario mínimo. Existe la percepción de que la mayoría de los trabajadores gana exactamente un mínimo, pero los datos muestran otra realidad. Según cifras del DANE para el periodo enero a octubre, Colombia registró 23,71 millones de personas ocupadas. De ellas, 11,38 millones, equivalentes al 47,99%, ganaron menos de un salario mínimo. Solo 2,40 millones, el 10,12%, recibieron exactamente un salario mínimo, mientras que 9,93 millones, el 41,88%, devengaron más de un mínimo. En términos estrictos, el aumento impacta directamente a cerca de uno de cada diez ocupados.
Este dato tiene implicaciones importantes. Por un lado, sugiere que el ajuste no constituye un choque generalizado sobre toda la masa laboral y, por tanto, no debería leerse como un detonante automático de inflación para toda la economía. Por otro, abre la puerta a efectos distributivos positivos. Un mayor salario mínimo puede mejorar el ingreso de un grupo concreto de trabajadores formales y contribuir a reducir brechas salariales en la base de la distribución.
Además, en un país con alta informalidad, el aumento también puede operar como un incentivo hacia la formalización del empleo. Si el trabajo formal ofrece un ingreso relativamente más atractivo frente a ocupaciones informales e inestables, algunos trabajadores pueden optar por buscar o mantener vínculos formales. Este efecto no es automático ni garantizado, pero es plausible si se acompaña de inspección laboral, simplificación de trámites y reducción de barreras para contratar formalmente. Mirado así, el salario mínimo no es solo un costo, también puede ser una señal.
El riesgo inflacionario más serio aparece cuando la competencia es débil. En sectores concentrados o con barreras de entrada, los aumentos salariales pueden convertirse en una excusa para elevar precios por encima de lo que justifican los costos. No porque el salario lo exija, sino porque el mercado lo permite. En estos casos, el problema no es el salario mínimo, sino el poder de mercado y la falta de disciplina competitiva.
Por eso, este debate debería reforzar el papel de la Superintendencia de Industria y Comercio. En un contexto de ajuste salarial significativo, la vigilancia sobre incrementos de precios injustificados es crucial. Investigar aumentos que no estén respaldados por cambios verificables en las estructuras de costos, monitorear márgenes y sancionar abusos de posición dominante es una política antiinflacionaria tan relevante como la monetaria. Más aún cuando la inflación viene cayendo y la apreciación del peso abarata insumos importados, lo que reduce la justificación económica de muchos aumentos de precios.
La discusión, entonces, debe darse con calma. El aumento del salario mínimo conlleva riesgos, pero también oportunidades distributivas. Su impacto final dependerá menos del porcentaje decretado y más de la competencia efectiva en los mercados y de la rigurosidad institucional para evitar comportamientos oportunistas. Cuando sube el salario, la competencia también importa. Ignorar esa lección histórica empobrece el debate y conduce a diagnósticos incompletos.