Petro llama a defender el aumento del salario mínimo y aborda elecciones y propuesta de constituyente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a la ciudadanía a respaldar públicamente el reciente decreto que establece un aumento del salario mínimo del 23 %, frente a las críticas de sectores que han cuestionado su legalidad y efectos económicos.

Durante una intervención en redes sociales, el mandatario aseguró que las acusaciones de inconstitucionalidad y de posibles efectos inflacionarios carecen de base científica, y pidió a sus seguidores manifestarse en las calles para defender la medida.

Defensa del salario vital y movilizaciones

Petro enfatizó que la determinación del salario vital mínimo y familiar se basa en criterios técnicos y que quienes se oponen a la medida buscan frenar la implementación a través del poder judicial. El presidente también compartió mensajes en redes sociales invitando a la ciudadanía a “alistarse para salir a las calles” en respaldo de sus decretos.

Elecciones y mensaje político

Más allá del aumento salarial, el jefe de Estado también se refirió a las elecciones de 2026, instando a la población trabajadora a no dejarse influenciar por ofertas de dinero a cambio de votos durante la campaña. Su llamado refleja la creciente politización del debate alrededor del salario mínimo y otras políticas públicas clave.

Propuesta de asamblea constituyente

En el mismo pronunciamiento, Petro volvió a mencionar la posibilidad de una asamblea constituyente, iniciativa promovida por un comité ciudadano y respaldada por el Gobierno. Según explicó, esta propuesta busca que en el futuro se establezca, mediante la Constitución, un salario vital mínimo y familiar obligatorio para todos los presidentes, y que dicha figura sea discutida como un proyecto de ley.

Debate público y economía

La decisión de incrementar el salario mínimo ha generado un amplio debate nacional. Aunque el Gobierno asegura que el alza no producirá inflación y beneficiará a los trabajadores, diversos sectores económicos y políticos han expresado reservas sobre sus posibles efectos en precios y competitividad.

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