El Gobierno nacional puso en discusión pública un borrador de decreto que propone un cambio clave en la forma como se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda, plantea que el valor de estas viviendas deje de calcularse en salarios mínimos y pase a pactarse exclusivamente en pesos colombianos, con el objetivo de proteger a los compradores de menores ingresos y evitar incrementos automáticos ligados al aumento del salario mínimo.
El proyecto de decreto, que estará abierto a comentarios hasta el 24 de enero, busca establecer un tope general para la VIS, armonizar la normativa vigente, fortalecer los derechos del consumidor y corregir distorsiones que, según el Gobierno, han dificultado el acceso efectivo a la vivienda para los hogares más vulnerables. Esta propuesta surge en medio del debate generado por el aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 22,7%, y por versiones de prensa que advertían que dicho incremento podría trasladarse directamente al precio de la vivienda VIS y No VIS.
Ante esas versiones, el presidente Gustavo Petro salió a defender públicamente tanto el aumento del salario mínimo como el contenido del borrador del decreto. El mandatario afirmó que el salario vital “tiene muy poco que ver” con el precio de la vivienda y calificó como una “aberración económica” que el valor de los inmuebles esté indexado al salario mínimo. Según explicó, el costo de la vivienda depende principalmente de factores como el precio de los materiales de construcción, el valor del suelo, las tasas de interés para financiar proyectos y otros insumos, más que del salario que devengan los trabajadores.
En la exposición de motivos del decreto, el Ministerio de Vivienda recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 estableció como regla general que el valor máximo de la VIS no puede superar los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, salvo excepciones específicas definidas por la ley. Sin embargo, el Gobierno considera que decretos reglamentarios anteriores generaron una dispersión normativa y permitieron que topes excepcionales se usaran como referencia general de precios, encareciendo la vivienda y afectando a los hogares de menores ingresos.
El proyecto también se apoya en la Circular Externa 004 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordena que el precio de la vivienda en Colombia se informe siempre en pesos colombianos y que el consumidor solo esté obligado a pagar el valor que se le haya informado al momento de manifestar su intención de compra. Esto busca evitar cambios posteriores en el precio que afecten el cierre financiero de las familias.
Sobre el alcance de la medida, la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, explicó que el decreto busca proteger a los compradores de VIS, garantizar transparencia, prevenir abusos y dar seguridad jurídica. En particular, resaltó que el precio de la vivienda se pactará en pesos desde el inicio del negocio y no podrá modificarse automáticamente por el cambio de año o por el ajuste del salario mínimo, obligando a que los precios respondan realmente a los costos del sector constructor y a las condiciones de financiación.
El tema también fue respaldado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien defendió el salario mínimo y señaló que el decreto busca evitar que su incremento se traduzca en aumentos injustificados en el precio de la vivienda para los sectores más pobres. Según el funcionario, la norma aclara que el tope de 135 salarios mínimos es solo un límite legal y no el precio final del inmueble, y prohíbe la indexación posterior de los precios al salario mínimo.
Finalmente, el presidente Petro reiteró que, más allá del debate sobre el salario, el principal problema de la vivienda nueva en Colombia sigue siendo el alto nivel de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, las cuales, según dijo, deberían bajar cuanto antes para facilitar el acceso a vivienda digna.
