Bogotá, 11 de enero de 2026 – El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia publicó este fin de semana un borrador de decreto que plantea cambios significativos en la forma como se comercializa la Vivienda de Interés Social (VIS), con el objetivo de desvincular el valor de estas viviendas del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). La iniciativa, que aún no ha sido firmada oficialmente, busca ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica a los compradores y evitar aumentos automáticos en el precio que no respondan directamente a los costos reales de construcción.
¿Qué plantea el borrador?
Según el texto del borrador de decreto publicado para comentarios, cualquier proyecto de VIS —ya sea **separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario u otro negocio jurídico relacionado con la adquisición de la vivienda— deberá establecer de forma expresa, clara y verificable el precio total en pesos colombianos desde el momento en que inicia la negociación. Este será el único precio exigible a lo largo de todo el contrato hasta la entrega final del inmueble.
Además, se prohíbe que los precios queden indexados automáticamente al salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) después de la celebración del contrato o en cualquier etapa de su ejecución. Solo serán posibles aumentos en el precio cuando existan “motivos extraordinarios” debidamente acreditados, como un incremento comprobado en los costos de construcción certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Contexto: por qué surgió la medida
Tradicionalmente, en Colombia los precios máximos de las viviendas de interés social se han calculado con base en el salario mínimo. Por ejemplo, para 2026 el límite superior de valor de una VIS se sitúa alrededor de 150 SMMLV, lo que equivaldría aproximadamente a más de $260 millones de pesos colombianos, debido al aumento del salario mínimo decretado en casi el 23% para este año. Este mecanismo de indexación ha generado preocupación porque el incremento automático del salario mínimo termina trasladándose directamente al precio de las viviendas, sin relación con los costos reales de materiales o construcción.
Los críticos del sistema han señalado que esto puede erosionar la capacidad de compra de familias de bajos ingresos, justamente el grupo al que la VIS está destinada, ya que un incremento salarial también implica un mayor costo final en la vivienda, anulando parte del beneficio del aumento de ingresos.
Reacciones del gobierno y sector privado
El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a algunas interpretaciones que relacionaban directamente esta propuesta con los efectos del reciente aumento del salario mínimo, calificándolas como “una aberración económica” y aclarando que el objetivo de la modificación normativa va más allá de compensar cualquier alza salarial, sino de proteger la función social de la VIS y garantizar transparencia en los procesos de adquisición.
Por su parte, representantes del sector constructor y analistas del mercado han advertido que este tipo de cambios podría generar inseguridad jurídica en contratos ya estructurados bajo el esquema vigente de salarios mínimos, lo cual requeriría un análisis detallado y ajustes en los mecanismos de financiación existentes.
Próximos pasos y expectativas
El borrador de decreto está abierto para observaciones y comentarios antes de su eventual firma y promulgación. El Gobierno aseguró que analizará las opiniones de diferentes sectores implicados —compradores, constructores, entes financieros y autoridades locales— para afinar el texto final y garantizar que cumpla con su objetivo de proteger a los hogares de menores ingresos sin crear barreras adicionales para el acceso a la vivienda propia.
