Bogotá – 12 de enero de 2026. Una fuerte controversia política estalló en Colombia luego de que se conociera que la Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), adjudicó un contrato de servicios jurídicos por un valor aproximado de $10.000 millones de pesos para gestionar la defensa legal del presidente Gustavo Petro ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su inclusión en la denominada “Lista Clinton”.
La Lista Clinton —formalmente conocida como la lista de personas especialmente designadas por la OFAC— impone sanciones financieras y restricciones comerciales a quien aparece en ella, incluyendo el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de hacer transacciones con ciudadanos o empresas de EE. UU., algo que ha generado un profundo malestar en amplios sectores de la política colombiana y que ha deteriorado las relaciones entre Bogotá y Washington.
Críticas duras de Enrique Gómez y el debate político
El dirigente político Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional y candidato al Senado por la coalición de oposición, utilizó sus redes sociales para arremeter contra Petro y su abogado en Estados Unidos, el jurista Daniel Kovalik, por lo que considera un uso indebido de recursos públicos.
Gómez calificó la contratación como un “abuso descarado”, criticando que se hubiera promovido inicialmente que la defensa legal sería pro bono —es decir, sin costo—, pero que finalmente se tradujese en un contrato millonario pagado con dinero del Estado. En sus publicaciones, aseguró que el proceso representa un “derroche de recursos” y atacó directamente al presidente y a su defensa, incluso calificándolos de “rateros”.
El líder opositor vinculó además el contrato con intereses políticos más amplios, afirmando que refleja prácticas que afectan “los intereses de las arcas nacionales”. En paralelo, otro sector de críticos sostiene que el contrato no debería financiarse con recursos públicos, pues argumentan que la inclusión de Petro en la Lista Clinton es un asunto personal y no una cuestión de Estado que, según ellos, justifique gastos del erario nacional.
¿Qué implica esta defensa internacional?
El contrato fue suscrito con la firma internacional Amadeus Consultancy Limited, cuyo representante legal es Daniel Kovalik, abogado estadounidense que había anunciado anteriormente que asumiría la defensa de Petro sin costo alguno. El documento contractual, sin embargo, estipula pagos de aproximadamente 2 millones de libras esterlinas, repartidos en cuatro cuotas entre enero y abril de 2026.
Los servicios incluyen asesoría jurídica altamente especializada en materia de sanciones financieras internacionales y estrategias legales para impugnar la designación ante autoridades extranjeras. La naturaleza de la defensa, que se desarrolla fuera del país, responde a la complejidad jurídica del caso ante la OFAC y autoridades estadounidenses.
Respuesta y repercusiones políticas
Hasta el momento, la Presidencia de Colombia no ha emitido una respuesta detallada explicando las razones técnicas y estratégicas que justifican este contrato, ni ha precisado si los recursos públicos utilizados corresponden efectivamente a una defensa institucional del Estado o a una defensa relacionada con una situación personal del mandatario.
El caso ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia en la contratación pública, la distinción entre asuntos institucionales y personales, y los límites del uso de recursos estatales en litigios internacionales. Sectores de la oposición han llamado incluso a organismos de control, como la Contraloría, a verificar si hubo incumplimiento de la normativa de contratación estatal y posibles irregularidades.
