En medio de una fuerte polémica en el Atlántico colombiano, las autoridades colombianas analizan el traslado a Barranquilla del líder de la banda criminal ‘Los Costeños’, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias “Castor”, como parte de un proceso destinado a instalar una mesa de diálogo sociojurídico con la organización rival conocida como ‘Los Pepes’. Esta medida se plantea en el marco de los esfuerzos del Gobierno nacional para sostener una tregua de paz urbana entre ambos grupos, que han protagonizado durante años una violenta confrontación en la capital del Atlántico y áreas cercanas.
El Movimiento de traslados fue solicitado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de reubicar a Díaz Collazos y a su homólogo de ‘Los Pepes’, Digno José Palomino, en centros penitenciarios ubicados en Barranquilla. Según documentos oficiales, esta reubicación forma parte del cumplimiento de la Resolución Ejecutiva 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios y contactos con estas estructuras criminales para verificar su voluntad de paz y avanzar en la formalización de diálogos.
🧠 El contexto de la tregua y la mesa de diálogo
La disputa entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ ha sido una de las fuentes principales de violencia en el Atlántico. En octubre de 2025, los líderes de ambas organizaciones firmaron una declaración de tregua en la cárcel La Picota de Bogotá, con la aspiración de detener los homicidios, extorsiones y otros delitos que azotaban la región.
La propuesta de trasladar a estos cabecillas a cárceles de Barranquilla se concibe como un paso clave para instalar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico, con el propósito de consolidar el proceso de paz urbana iniciado meses atrás. Este foro busca no solo la reducción de la violencia, sino también explorar mecanismos de sometimiento a la justicia que permitan desactivar las estructuras criminales de forma sostenible.
🏛️ Reacciones institucionales y críticas
La decisión ha generado controversia entre las autoridades locales. La Alcaldía de Barranquilla expresó sorpresa y preocupación, señalando que no fue consultada adecuadamente antes del anuncio oficial y que hubiera sido crucial coordinar la medida con la Gobernación del Atlántico y las fuerzas de seguridad locales. El Distrito advirtió de los posibles efectos negativos sobre la convivencia y seguridad ciudadana, especialmente si las cárceles de la ciudad se convirtieran en nuevos “centros de mando criminal”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó que firmará la solicitud de traslado, enfatizando que no se trata de un “paseo” para los cabecillas, sino de una acción vigilada bajo estrictas condiciones de seguridad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El Gobierno ha defendido la iniciativa como parte de la política de paz urbana del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de sostener la tregua y proteger a la ciudadanía de Barranquilla y el Atlántico.
Expertos en seguridad han señalado que esta decisión ocurre en un contexto político delicado, dado que Colombia avanza hacia un año electoral, lo que añade un componente de incertidumbre sobre el impacto real de esta medida en la seguridad pública y el proceso de paz.
🧩 ¿Qué sigue?
Si el traslado se concreta, Barranquilla podría convertirse en el epicentro del proceso de diálogo entre algunas de las estructuras criminales más peligrosas del Caribe colombiano. Para las autoridades, la mesa de diálogo sociojurídico sería un paso inédito hacia la pacificación de una región marcada por la violencia urbana. Para sectores críticos, sin embargo, la decisión plantea riesgos de seguridad y cuestionamientos sobre la eficacia de negociar con líderes criminales sin un marco jurídico claro y consensuado con las administraciones locales.
