La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este miércoles 7 de enero de 2026 la urgencia de liberar de forma inmediata a todas las personas consideradas “presos políticos”, así como de proceder al desarme de civiles y grupos irregulares, como condiciones indispensables para avanzar hacia una transición democrática.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la PUD sostuvo que el fin de la represión y el desmantelamiento de estructuras armadas que, a su juicio, ponen en riesgo la convivencia ciudadana, son medidas que deben ejecutarse sin demora. La coalición subrayó que estas acciones dependen exclusivamente de la voluntad de quienes actualmente ejercen el poder.
“La transición democrática no puede plantearse mientras estas decisiones no se materialicen”, afirmó la alianza opositora, al insistir en que se trata de pasos ineludibles para restablecer el orden institucional en el país.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa un proceso previo a la transición, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense realizada el pasado sábado. Machado, quien abandonó el país en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo tras pasar casi un año en la clandestinidad, indicó que el país se encuentra en una etapa inicial que aún requiere el cumplimiento de varios acontecimientos clave.
Entre esos factores, destacó la excarcelación de los detenidos por motivos políticos, que según cifras de la ONG Foro Penal ascienden a 863 personas. En una entrevista con el portal venezolano La Patilla, la exdiputada también afirmó que el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tiene un carácter “estrictamente provisional”.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la situación de los encarcelados. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió este miércoles sobre un “endurecimiento sistemático” en las condiciones de detención de los presos políticos, tras denunciar la suspensión de visitas y la entrega de alimentos, medicinas y otros insumos básicos.
Según la organización, estas restricciones se habrían impuesto sin comunicación oficial ni criterios claros, lo que ha incrementado la angustia de las familias, en un contexto ya marcado por la tensión generada tras los recientes acontecimientos en el país, incluido el ataque llevado a cabo por Estados Unidos.
