La escena fue impecable en lo formal y discreta en lo político. En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Colombia, Huila, presidida por Laureano Lozano, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo N.° 016 de 2025, que fija el presupuesto para la vigencia fiscal 2026. La cifra asciende a $22.619.991.207, un monto significativo para la realidad financiera del municipio y presentado como garantía de continuidad institucional, inversión social y cumplimiento de obligaciones. La unanimidad selló el trámite y dejó una postal de orden administrativo.
Proyecto
El proyecto fue socializado por la Administración Municipal y debatido por los integrantes de la Corporación, quienes verificaron la coherencia del documento con el Plan de Desarrollo, las metas trazadas y las proyecciones financieras. Con ese aval, los concejales emitieron su voto positivo. El procedimiento se cumplió conforme a la norma y la legalidad no está en discusión. El foco se traslada al plano político y al contenido real del ejercicio de control.
Bajo la presidencia de Laureano Lozano, el Concejo mostró capacidad de alineación y disciplina institucional. Ese liderazgo permitió un trámite fluido y sin fracturas visibles. No obstante, la política local no se agota en la aprobación; se define en la deliberación, en la priorización del gasto y en la lectura crítica del impacto social de cada rubro. Un presupuesto robusto exige un Concejo igualmente robusto en su papel de contrapeso.
Los recursos aprobados se distribuyen entre funcionamiento, inversión social y servicio de la deuda pública. Esta estructura garantiza la operatividad del municipio y la continuidad de programas y proyectos. Sin embargo, el debate público quedó corto en la exposición detallada de prioridades sectoriales y en la pedagogía del gasto. La ciudadanía recibe una cifra global y un mensaje de tranquilidad, pero no una narrativa clara sobre el alcance transformador de la inversión.
Unanimidad
La unanimidad, en este contexto, adquiere un peso simbólico. Refleja cohesión política y respaldo a la Administración, pero también instala la necesidad de un seguimiento riguroso. El control político no termina con el voto favorable; apenas comienza con la ejecución. La responsabilidad del Concejo será vigilar que los recursos se traduzcan en resultados medibles y beneficios concretos para la comunidad.
Laureano Lozano queda asociado a un hecho clave de la presente anualidad: la aprobación de un presupuesto histórico sin fisuras internas. Ese logro administrativo trae consigo una exigencia mayor en transparencia, rendición de cuentas y presencia institucional durante el 2026. El liderazgo se consolida cuando el consenso se acompaña de vigilancia efectiva y comunicación clara con la ciudadanía.
El Acuerdo 016 de 2025 marca el rumbo financiero del municipio para el próximo año. La Administración cuenta con el marco presupuestal y el Concejo con la obligación de hacer seguimiento permanente. En Colombia, Huila, la unanimidad ya está registrada en el acta. El verdadero balance político se medirá en la ejecución, en la inversión social visible y en el fortalecimiento institucional prometido.