En los últimos días de diciembre de 2025, el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretó un aumento histórico del salario mínimo para 2026, de 22,7 % a 23,7 %, dejando el ingreso mínimo legal en aproximadamente 1.750.905 pesos colombianos más un auxilio de transporte que lo eleva a unos 2 millones de pesos al mes.
La medida, que no surgió de un acuerdo tripartito con sindicatos y gremios —después de que negocaciones previas fracasaran—, representa el mayor alza salarial de las últimas décadas en el país andino.
El Ejecutivo presentó el incremento como un avance social y una política para reducir la desigualdad, argumentando que mejorar el ingreso de los trabajadores revitaliza el consumo y la economía popular. Pero la decisión ha desatado un intenso debate en los ámbitos económico, político y jurídico.
📊 Perspectivas de expertos: beneficios, temores y advertencias
Tres destacados economistas colombianos —Jorge Restrepo, Hernando Zuleta y Salomón Kalmanovitz— ofrecieron una mirada crítica y analítica sobre los posibles efectos de este aumento salarial, desde la visión técnica y estructural de la economía.
🎯 Beneficios reales, pero con riesgos
Restrepo reconoce que millones de trabajadores y pensionados se benefician directamente con el aumento, mejorando el poder adquisitivo de los más vulnerables en el corto plazo. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de que la medida desencadene presiones inflacionarias si los costos laborales se trasladan a los precios de bienes y servicios. Además, señala una posible compresión salarial que reduce las diferencias entre niveles profesionales y técnicos, lo que podría dificultar la movilidad salarial dentro del mercado laboral.
Zuleta, por su parte, señala que el aumento supera ampliamente la inflación proyectada (varios puntos por encima) y puede generar efectos adversos sobre el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas. En su opinión, la decisión crea un “doble choque de oferta” que puede desincentivar la contratación formal y empujar a algunas empresas hacia la automatización o la informalidad.
Kalmanovitz va más allá al calificar la medida como una irreverencia fiscal en un contexto de déficit público superior al 7 % del PIB. Advirtió que el propio Estado sufrirá costos adicionales al reajustar su nómina pública (incluidos docentes y uniformados) y que la presión sobre los precios y tasas de interés podría afectar el crecimiento económico.
📈 Reacciones en diferentes sectores
La medida ha generado reacciones diversas:
- Gobierno y sindicatos celebran el aumento como un paso hacia la justicia social y la dignidad laboral.
- Empresarios y gremios advierten sobre el impacto sobre la productividad, los costos operativos y la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas.
- Analistas económicos internacionales, incluyendo instituciones como el banco JPMorgan, han calificado el aumento como una medida posiblemente populista con riesgos macroeconómicos si no se acompaña de políticas complementarias.
- Expertos en derecho laboral han señalado que el decreto ya enfrenta cuestionamientos jurídicos, en un contexto donde decisiones similares han sido demandadas anteriormente por falta de respaldo técnico sólido.
📉 ¿Qué viene en 2026? Perspectivas y desafíos
La discusión sobre el salario mínimo colabora con un debate más amplio sobre la política económica en Colombia: cómo equilibrar la protección social, la estabilidad macroeconómica y la generación de empleo formal. El Banco de la República ya ha anunciado medidas para contener la inflación, manteniendo tasas de interés relativamente altas, lo que agrega un factor adicional de presión sobre el crecimiento económico y el costo de crédito en el país.
Será clave observar cómo se traducen estas medidas en el comportamiento de variables como empleo formal, inflación, informalidad laboral, crecimiento del PIB y productividad, así como la respuesta del sector empresarial en un entorno global competitivo.