Bogotá, 2 de enero de 2026 — La discusión sobre el futuro de TransMilenio, el sistema de transporte masivo más usado en la capital colombiana, ha escalado hasta transformarse en un enfrentamiento público entre las más altas autoridades del país: el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Esta disputa gira en torno a si deben o no incrementarse las tarifas de los pasajes programadas para este año y cuál es la mejor estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema.
📈 El detonante: posible aumento de la tarifa
Al finalizar diciembre de 2025, la administración distrital de Bogotá presentó un borrador de decreto que propone un incremento de 350 pesos en el pasaje de TransMilenio y otros componentes del SITP, lo que llevaría el valor del boleto de alrededor de 3.200 pesos a cerca de 3.550 pesos en 2026. Este ajuste —equivalente a aproximadamente un 10,9 %— responde, según la Alcaldía, al impacto del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional (23,7 %) y otros costos crecientes del sistema, como los gastos en combustible, operación y mantenimiento.
La administración de Galán ha argumentado que sin estos ajustes tarifarios, TransMilenio enfrentaría un déficit significativo para mantener la operación del servicio en plena temporada de mayor demanda. Esto refleja los desafíos de equilibrio económico que el sistema enfrenta año tras año.
📉 La respuesta de Petro: una propuesta distinta
Ante la propuesta de aumento, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial en X, rechazando la medida y proponiendo una alternativa que pase por la modernización tecnológica del sistema en lugar de trasladar los costos a los usuarios. Petro afirmó que el Gobierno dispone de recursos de gran magnitud —cercanos a 1,5 billones de pesos— para financiar la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que según él permitiría reducir el costo de transporte por pasajero y aliviar la presión financiera sin subir el pasaje.
Desde su perspectiva, subir el pasaje no solo afecta el bolsillo de millones de bogotanos que dependen diariamente de TransMilenio, sino que, irónicamente, podría reducir la demanda del transporte público, lo que agrava el déficit que se busca mitigar. “Si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena”, declaró el presidente.
🔄 ¿Flota eléctrica como solución?
La propuesta de Petro no es meramente un gesto político: plantea un cambio estructural hacia tecnologías más limpias y eficientes, sustituyendo buses diésel por eléctricos, lo que en teoría reducción costos operativos de combustible y mantenimiento a largo plazo (beneficio documentado por estudios que muestran que los buses eléctricos tienden a tener menores costos por milla operativa que los vehículos diésel).
Sin embargo —y aquí radica parte de la disputa— desde la Alcaldía señalan discrepancias con esa cifra y su disponibilidad real para 2026. Según el alcalde Galán, el convenio vigente con el Gobierno nacional para apoyar la adquisición de buses eléctricos contempla 938.000 millones de pesos, y esos recursos no estarían disponibles de inmediato, sino que se ejecutarían entre 2027 y 2040, lo que complica su uso como mecanismo para contener la tarifa en este año.
Galán ha establecido que si Petro concreta y efectiviza ese aporte adicional de 562.000 millones de pesos a favor de Bogotá dentro de 2026, entonces el aumento del pasaje podría no ser necesario.
🧠 Impacto en la ciudadanía
Bogotá es una ciudad donde millones de habitantes dependen del transporte público para moverse diariamente. Un alza en los precios de una tarifa que ya representa una carga importante para hogares de bajos ingresos puede traducirse en reducción de movilidad, presión sobre el gasto familiar y mayor inequidad social. Aunque 350 pesos puede parecer modesto, para usuarios recurrentes se acumula rápidamente en el presupuesto mensual.
Por el otro lado, mantener tarifas congeladas sin resolver el déficit estructural del sistema podría poner en riesgo su operación o calidad del servicio, lo que abriría otro tipo de problemas de movilidad urbana en la capital. Por eso, el debate técnico y político sigue abierto.