El debate en torno al salario mínimo en Colombia cobra una dimensión particular cuando se analiza su relación con la economía informal, un sector que agrupa a una parte significativa de la población ocupada del país. Cada ajuste anual del salario mínimo reaviva la discusión sobre sus beneficios y limitaciones, especialmente en un mercado laboral donde millones de trabajadores permanecen por fuera de la formalidad y no acceden a los derechos ni a las garantías que ofrece el empleo regulado.
Para quienes cuentan con un trabajo formal, el salario mínimo representa un piso de protección que garantiza un ingreso estable, prestaciones sociales y acceso a la seguridad social. Sin embargo, esta realidad contrasta con la de los trabajadores informales, que dependen de ingresos variables, carecen de contratos laborales y enfrentan una alta vulnerabilidad económica. En este contexto, el aumento del salario mínimo, aunque positivo, tiene un alcance limitado y no logra impactar de manera directa a quienes subsisten en la informalidad.
Expertos en economía laboral señalan que uno de los principales retos radica en la brecha existente entre el salario mínimo y la productividad de amplios sectores de la economía. En muchas actividades informales, los ingresos generados no alcanzan para cubrir los costos que implica la formalización, lo que desincentiva tanto a trabajadores como a empleadores a ingresar al sistema legal. Como resultado, el aumento del salario mínimo puede convertirse en una barrera adicional para la creación de empleo formal, especialmente en pequeñas unidades productivas.
La informalidad laboral tiene múltiples causas que van más allá del salario mínimo. Factores como la baja escolaridad, la falta de oportunidades en zonas rurales, la rigidez del mercado laboral y la alta carga tributaria sobre el empleo formal contribuyen a que millones de colombianos encuentren en la informalidad su única alternativa de subsistencia. En ciudades y municipios intermedios, el comercio ambulante, los oficios independientes y el trabajo por cuenta propia siguen siendo la principal fuente de ingresos para miles de familias.
Desde el sector empresarial, se ha insistido en la necesidad de abordar el problema de la informalidad de manera integral. Gremios económicos advierten que, sin incentivos claros para la formalización, el aumento del salario mínimo podría ampliar la brecha entre el empleo formal e informal. En este sentido, proponen medidas como la reducción de costos no salariales, el acceso a financiamiento y programas de capacitación que permitan mejorar la productividad y facilitar la transición hacia la legalidad.
Las organizaciones sindicales, por su parte, reconocen la gravedad del problema, pero subrayan que la solución no pasa por contener los incrementos salariales. Desde esta visión, el salario mínimo debe garantizar condiciones dignas de vida y no convertirse en una variable de ajuste frente a la informalidad. Los sindicatos plantean la necesidad de fortalecer la inspección laboral, ampliar la cobertura de la seguridad social y promover políticas públicas que generen empleo decente.
El desafío de articular el salario mínimo con una estrategia efectiva de reducción de la informalidad sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. El nuevo año encuentra al país frente a la necesidad de repensar su modelo laboral, buscando un equilibrio entre la protección del ingreso, la sostenibilidad empresarial y la inclusión de millones de trabajadores al sistema formal. Mientras tanto, la economía informal continúa siendo una realidad persistente que limita el impacto de los ajustes salariales y profundiza las desigualdades en el mercado laboral colombiano.